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josepmarti
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el Jue 30 Oct 2014, 18:38
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El Gobierno ha justificado la adjudicación de un contrato de 11 millones de euros al empresario canario Miguel Ángel Ramírez, imputado en presunto fraude fiscal y a la Seguridad Social, alegando que las actuaciones de la inspección son secretas y la Ley General Tributaria protege los nombres de los defraudadores. Esos obstáculos legales le habrían impedido conocer las presuntas trampas del adjudicatario. Cierto es que Ramírez era benefactor del PP. El Tribunal de Cuentas consignó una entrega de 50.000 euros en la relación de donantes legales al partido en 2009. En 2012, a propuesta del entonces titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el Consejo de Ministros le indultó la condena de tres años de prisión que le impuso la Audiencia de Las Palmas por un delito ecológico.

La historia comienza cuando, en marzo pasado, el dirigente de IU y presidente del grupo parlamentario de la Izquierda Plural, Cayo Lara, registró varias preguntas pidiendo explicaciones al Gobierno sobre la adjudicación de un contrato público de más de 11 millones de euros a la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC), de la que Ramírez es propietario, para prestar servicios de vigilancia en el Monasterio de El Escorial y otros Reales Sitios. La contratación la realizó la dirección del Patrimonio Nacional, que depende del Ministerio de la Presidencia, en este caso, de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Lara aportaba informaciones periodísticas sobre la imputación de Ramírez, presidente también de la Unión Deportiva Las Palmas, como presunto autor de un delito contra la Hacienda Pública. Concretamente, la Fiscalía de Delitos Económicos formuló una querella contra él por supuestos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social como administrador de la empresa SIC. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas, María Victoria Rosell, la admitió a trámite. Según la Fiscalía, Ramírez habría defraudado 2,3 millones de euros en los ejercicios de 2008 y 2009 “realizando pagos a los trabajadores fuera de nómina, abonando las horas extra como dietas y conceptos asimilados para eludir las retenciones sobre gran parte de los salarios de los empleados de SIC”.

Según el auto de la juez, esas prácticas permitían a Ramírez reducir la carga fiscal de los sueldos y los costes de la Seguridad Social (las dietas están exentas de cotización), con la “consecuencia adicional de una clara ventaja competitiva respecto de las demás empresas del sector”. Ante esa situación, cabía pensar –y así lo consignó Lara– que los contratos del Patrimonio Nacional se habían realizado “en fraude de ley”. El dirigente de IU recoge el malestar que manifestaron algunos competidores excluídos, así como la denuncia del secretario general de la Unión Sindical Obrera (USO), Antonio Duarte, pues resulta dificil de entender que un empresario que presuntamente ha defraudado a Hacienda y trampeado a la Seguridad Social reciba un suculento contrato del Estado.

“¿Es esta manera de actuar la nueva forma que tiene el Gobierno para combatir la corrupción, el fraude fiscal y a la Seguridad Social?”, preguntaba Cayo Lara. “¿En qué medida afecta a estas decisiones que este empresario sea donante del partido que sustenta al Gobierno?”, inquería. La respuesta ha tardado en llegar, acaso porque la vicepresidenta Sáenz de Santamaría debía realizar algunas consultas fuera de su departamento –el empresario Ramírez no oculta su amistad con el ministro de Industria y dirigente del PP de Canarias, José Manuel Soria–, y explica que la oferta de SIC en unión temporal (UTE) con Ralons era la mejor en términos económicos y que presentaron la documentación en regla (garantía financiera y certificaciones de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social).

Incluso desde Patrimonio Nacional se solicitó –a la luz de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación– la ratificación de ambas certificaciones a la Agencia Tributaria y a la Tesorería de la Seguridad Social, recibiendo nuevas certificaciones de estar al corriente de pagos. Luego ya –añade el Gobierno–, si había actuaciones de los inspectores de trabajo y seguridad social hay que tener en cuenta que el artículo 12 de la ley de la Inspección, de 1997, impone el “deber de sigilo”. Y otro tanto cabe decir de los inspectores fiscales.

La argucia leguleya por la que el Gobierno no sabía nada de los presuntos fraudes del benefactor del PP y amigo del ministro Soria, y además la ley le impedía enterarse, ha sido empleada para negar resposabilidad política alguna y mantener el contrato. Por lo demás, con pedir perdón por los casos de corrupción, como hizo el martes Mariano Rajoy desde el Senado, y tapar con aguaplás las grietas del edificio carcomido, asunto resuelto. Ni debate monográfico sobre la carcoma ni mucho menos consejos como el de Cayo a Rajoy en palabras de Estanislao Figueras: “Reúnase con su Comité Ejecutivo, dígale que estoy hasta los cojones de nosotros y convoque elecciones”.

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