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Marina Huerta: “Los constantes recortes del Gobierno restan seguridad a los edificios públicos y han echado a la calle a docenas de vigilantes

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Marina Huerta: “Los constantes recortes del Gobierno restan seguridad a los edificios públicos y han echado a la calle a docenas de vigilantes

Mensaje por josepmarti el Jue 12 Feb 2015, 17:53


Las denuncias de los profesionales son constantes acerca de la falta de vigilancia en Juzgados, Hospitales, o Centros de Salud”


•“Las adjudicaciones al mínimo coste, y la falta de control del cumplimiento de los contratos por parte de la Administración, hacen que algunas empresas incumplan el convenio colectivo y los derechos laborales y sociales de los trabajadores”


•“Nunca se ha dado un malestar tan grande entre estos profesionales, fruto de la falta de diálogo y la actuación arbitraria de la Administración”
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Marina Huerta, diputada y portavoz de Seguridad de FORO en la Junta General, ha afirmado hoy que “los constantes recortes del Gobierno restan seguridad a los edificios públicos y han echado a la calle a docenas de vigilantes”.



“En FORO llevamos desde 2013 denunciando los brutales recortes presupuestarios del Gobierno de Javier Fernández en materia de seguridad, en concreto son ya 2 millones de euros lo recortado en vigilancia de los edificios públicos” apuntó la diputada.



Huerta ha manifestado que “las denuncias de los profesionales son constantes acerca de la falta de vigilancia en instalaciones tan importantes como los Juzgados, Hospitales o Centros de Salud, como es el caso del Mieres – Sur, y que ha llevado a los trabajadores de urgencias a presentar una queja al Principado tras quedar suprimido el servicio de vigilancia nocturna”.



“Los ‘guadañazos’ al Presupuesto han supuesto un varapalo para los trabajadores de las empresas de vigilancia y es que –explicó Huerta- todos los contratos licitados por la Consejería de Presidencia para labores de vigilancia y seguridad de las instalaciones, coinciden en presentar un presupuesto base de licitación siempre muy por debajo del de años anteriores. Además, el criterio de adjudicación del contrato es siempre al ‘precio más bajo’, todo esto ha repercutido en la reducción del número de vigilantes solicitados, y como consecuencia las empresas, que se han visto obligadas a despedir a parte de su plantilla”.



La portavoz de Seguridad ha señalado que “estas adjudicaciones al mínimo coste, y la falta de control del cumplimiento de los contratos por parte de la Administración, provocan unos efectos perversos, llegando a adjudicarse contratos a empresas que incumplen sistemáticamente el convenio colectivo y los derechos laborales y sociales de los trabajadores”.



“Los profesionales llevan meses denunciando estas prácticas y piden al Gobierno del Principado que en los contratos se incluya una cláusula que obligue a las empresas a cumplir con ese convenio colectivo estatal”, apuntó.



“Pedimos al consejero que se documente bien y que no excuse su negativa en supuestos informes de los servicios jurídicos, tal como dijo en un Pleno celebrado en el mes de diciembre, donde aseguró que “…a fecha de hoy no hemos encontrado en la actualidad una cláusula administrativa alternativa que permita priorizar el convenio colectivo estatal en detrimento de los convenios de empresa..."



Marina Huerta explica que, “que la Consejería refuerce el servicio de vigilancia con agentes de la Guardia Civil nos parece correcto, pero no a costa de echar a la calle a vigilantes, pues ambos servicios deben de ser compatibles, complementarios, no se puede cambiar unos por otros puesto que ambos desempeñan unas labores completamente diferenciadas”.



“El Gobierno juega una vez más con la seguridad de los ciudadanos, y no nos vale ese argumento tan usado de que tienen que apretarse el cinturón, porque ese cinturón que aprietan nunca es el suyo, nos lo aprietan a los demás, y en este caso están asfixiando a los profesionales de la vigilancia y seguridad privada”, denunció la diputada.



Huerta concluye afirmando que “nunca se ha dado un malestar tan grande entre estos profesionales, fruto de la falta de diálogo y la actuación arbitraria de la Administración”.


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