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josepmarti
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el Vie 21 Mar 2014, 09:49
La oposición critica la falta de precisión del texto y cree que abre la puerta a los vigilantes para actuar en concentraciones y protestas, en sintonía con la Ley de Seguridad Ciudadana, que autoriza a la policía a pedir colaboración de las empresas de seguridad

La Ley de Seguridad Privada se aprobado hoy tras su último debate en el Congreso con las críticas de la oposición. La norma, objetivamente, aumenta las competencias de los vigilantes y favorece el negocio de la seguridad privada. Para el Gobierno la simbiosis epúblico privada favorece la seguridad, utilizando los recursos de las empresas del sector.

En su paso por el Senado se han eliminado alguno de los puntos polémicos como que los agentes patrullen en las inmediaciones de zonas comerciales. Ahora lo harán en "parques o zonas de ocio delimitados". Y podrán tomar nota de los datos personales de los detenidos, sin hacer comprobaciones.

La imprecisión del texto da lugar a interpretaciones abiertas. Por eso desde la oposición el grupo socialista, IU y UPyD temen que Interior esté dando luz verde a la posibilidad de que los vigilantes privados colaboren con la Policía en concentraciones sociales. De hecho, la Ley de Seguridad Ciudadana permite a la Policía pedir el refuerzo de estas empresas, previa autorización.

Según Antonio Trevín Trevín, portavoz de Interior del grupo socialista, durnte su intervención, con esta ley "debemos acostumbrarnos a la presencia de empresas de Seguridad Privada en el día a día. Y sin embargo, carece de mecanismos legales y medios efectivos y transparentes para controlar sus posibles incumplimientos o violaciones de los derechos ciudadanos de manera efectiva". Trevín ha puesto algunos ejemplos, como el matrimonio de turistas franceses que denunció ser agredido en un Centro Comercial de Torrevieja el pasado diciembre. La empresa, CAESA, y el centro de Carrefour donde sucedieron los hechos, únicamente lamentó los hechos.

Durante el último debate parlamentario, el grupo socialista ha criticado la posibilidad de obligar a los organizadores de eventos a contratar seguridad privada. "Desde una concentración ciclo turista a una manifestación antigubernamental, pasando por los partidos de fútbol modesto o las maratones populares". No cumplir con las medidas de seguridad obligatorias está tipificado de infracción muy grave con multas de 30.000 a 600.000 euros.

IU ha criticado la ley en el mismo sentido. Para Ricardo Sixto, el Gobierno "con este texto ambiguo le va a otorgar nuevas capacidades de detención y retención a los miembros de las empresas de seguridad privada".

El portavoz del PP, Conrado Escobar, ha insistido en que las detenciones se producirán únicamente en "flagrante de delito" sin precisar si los agentes recibirán formación para detener y pedir los datos a los detenidos. Escobar ha defendido que supone una "mejor regulación de la seguridad pública en beneficio de todos, estructura el modelo de colaboración e incorpora las nuevas necesidades de seguridad. Mayor profesionalización de las empresas de seguridad privada y ofrece más oportunidades para la contratación en este ámbito".

Desde los sindicatos de empresas de seguridad, la primera crítica ha sido del CSI-F, el colectivo denuncia que la ley no incluye la formación de los vigilantes para acciones policiales.

Los detectives en contra de la Ley de Seguridad Privada
La Asociación Profesional de Detectives Privados de España critica con dureza la nueva Ley de Seguridad Privada. Aseguran que la ley no protege adecuadamente los derechos del cliente y del investigado. La nueva Ley de Seguridad Privada obliga al detective a comunicar a la policía que ha sido contratado. Por eso la Asociación Profesional de Detectives Privados subraya que "la ley debería establecer claramente la confidencialidad de los datos de los clientes, salvo resolución judicial".

Otra de las quejas que tiene la Asociación Profesional de Detectives es que la Ley impide que los ciudadanos puedan contratar a un detective en casos penales. Con ello dicen los detectives "el ciudadano se ve privado de su derecho a aportar las pruebas necesarias para su defensa, cuando no esté de acuerdo con el resultado de la investigación policial". La Asociación de Detectives añade que la Ley va a encarecer los servicios de los detectives privados porque establece formalidades y obligaciones innecesarias como elaborar un detallado informe de investigación aunque el cliente no quiera ese informe.

ANA TERRADILLOS

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