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josepmartiAdministrador
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Monopolio del Estado
Dom 23 Mar 2014, 16:01
MADRID, 22 Mar. (OTR/PRESS) -
OPINION de Antonio Casado [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
Nunca pensé que llegaría a encariñarme con el viejo principio democrático sobre la violencia como monopolio del Estado. Ha tenido la culpa la nueva ley de Seguridad Privada. Se publicó este viernes en el BOE tras su paso por el Senado y la aprobación definitiva en el Congreso. No tranquiliza nada saber de las competencias que no tenían y ya tienen los vigilantes que trabajan a sueldo de las más de mil empresas del sector.
Por ejemplo, se retiran las limitaciones impuestas a los vigilantes privados para actuar en espacios públicos. A partir de ahora ya podrán hacerlo, aunque sea al aire libre. Antes solo podían actuar en recintos cerrados, como polígonos industriales, urbanizaciones o centros comerciales, donde podían hasta efectuar detenciones sólo si estaban relacionadas con el recinto cuya protección tenían encomendada. Ahora se les permitirá actuar preventivamente frente a "actuaciones contrarias a la ley" y quedan facultados para detener a una persona en caso de "delito flagrante".
El espíritu y la letra de la nueva normativa cambia el concepto de "subordinación" de los vigilantes a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por el de "coordinación". Bajo ese modelo de actuación, los vigilantes podrán detener, identificar y cachear. Se trata de novedades que, debidamente cruzadas con la rebaja de condiciones entre los aspirantes a trabajar en el sector, disparan las dudas sobre las posibles consecuencias. Entre otras cosas, desparece la exigencia de tener la nacionalidad española o estar absolutamente libre de antecedentes penales (sólo los precedentes por delitos dolosos serán causa de inadmisión).
Estamos ante una expresión más de las pulsiones privatizadoras del Gobierno. Con la nueva ley se abren muchas oportunidades de negocio para las empresas. Mal asunto, sobre todo si se trata de aplicar un derecho fundamental de los ciudadanos: la seguridad. Por tanto, exigible a los poderes públicos, no al empleado de una empresa con ánimo de lucro. Además, se plantea un problema de desigualdad, derivado de una concepción mercantil, que recuerda la famosa doctrina Ansuátegui, sentada por aquel delegado del Gobierno en Madrid que dejó su frase para la historia: "El que quiera seguridad, que se la pague".
Lo curioso es el sesgo político del alineamiento a favor y en contra de la ley. Ha salido adelante con el voto del PP, al que se han unido los nacionalistas catalanes (CiU) y parcialmente los vascos (PNV). Mientras que todos los partidos de izquierda y UPyD votaron en contra de la ley, lo cual nos ha ofrecido paradojas tan notables como el hecho de que Amaiur (de evidente proximidad a los objetivos políticos de ETA) o ERC (republicanos, de izquierdas y separatistas catalanes) defendieran a las policías públicas (Guardia Civil, Policía Nacional, policías autonómicas y municipales) frente a lo que la representante de la izquierda abertzale, Onintza Enbeitia, calificó de "matones de discoteca jugando a policías".
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OPINION de Antonio Casado [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
Nunca pensé que llegaría a encariñarme con el viejo principio democrático sobre la violencia como monopolio del Estado. Ha tenido la culpa la nueva ley de Seguridad Privada. Se publicó este viernes en el BOE tras su paso por el Senado y la aprobación definitiva en el Congreso. No tranquiliza nada saber de las competencias que no tenían y ya tienen los vigilantes que trabajan a sueldo de las más de mil empresas del sector.
Por ejemplo, se retiran las limitaciones impuestas a los vigilantes privados para actuar en espacios públicos. A partir de ahora ya podrán hacerlo, aunque sea al aire libre. Antes solo podían actuar en recintos cerrados, como polígonos industriales, urbanizaciones o centros comerciales, donde podían hasta efectuar detenciones sólo si estaban relacionadas con el recinto cuya protección tenían encomendada. Ahora se les permitirá actuar preventivamente frente a "actuaciones contrarias a la ley" y quedan facultados para detener a una persona en caso de "delito flagrante".
El espíritu y la letra de la nueva normativa cambia el concepto de "subordinación" de los vigilantes a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por el de "coordinación". Bajo ese modelo de actuación, los vigilantes podrán detener, identificar y cachear. Se trata de novedades que, debidamente cruzadas con la rebaja de condiciones entre los aspirantes a trabajar en el sector, disparan las dudas sobre las posibles consecuencias. Entre otras cosas, desparece la exigencia de tener la nacionalidad española o estar absolutamente libre de antecedentes penales (sólo los precedentes por delitos dolosos serán causa de inadmisión).
Estamos ante una expresión más de las pulsiones privatizadoras del Gobierno. Con la nueva ley se abren muchas oportunidades de negocio para las empresas. Mal asunto, sobre todo si se trata de aplicar un derecho fundamental de los ciudadanos: la seguridad. Por tanto, exigible a los poderes públicos, no al empleado de una empresa con ánimo de lucro. Además, se plantea un problema de desigualdad, derivado de una concepción mercantil, que recuerda la famosa doctrina Ansuátegui, sentada por aquel delegado del Gobierno en Madrid que dejó su frase para la historia: "El que quiera seguridad, que se la pague".
Lo curioso es el sesgo político del alineamiento a favor y en contra de la ley. Ha salido adelante con el voto del PP, al que se han unido los nacionalistas catalanes (CiU) y parcialmente los vascos (PNV). Mientras que todos los partidos de izquierda y UPyD votaron en contra de la ley, lo cual nos ha ofrecido paradojas tan notables como el hecho de que Amaiur (de evidente proximidad a los objetivos políticos de ETA) o ERC (republicanos, de izquierdas y separatistas catalanes) defendieran a las policías públicas (Guardia Civil, Policía Nacional, policías autonómicas y municipales) frente a lo que la representante de la izquierda abertzale, Onintza Enbeitia, calificó de "matones de discoteca jugando a policías".
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TU TRABAJO CUESTA ESFUERZO Y DEDICACION
Un trabajo de fin de curso de director de seguridad es complejo puesto que hay que adaptar los conocimientos a los de la universidad donde se realiza, hay que seguir su índice y además su ambientación para demostrar los conocimientos adquiridos durante el curso, conocimientos de normativa, conocimientos de medios técnicos, conocimientos del departamento de seguridad, de la figura del director de seguridad , sus funciones dentro de la organización, la dispensa de vigilantes de seguridad, que numero de ellos será el adecuado y que puestos cubriremos , que puntos serán mas vulnerables de la empresa, como los protegeremos, que metodología de análisis de riesgo utilizaremos, que medidas correctoras aplicaremos una vez realizado el análisis y vistas las conclusiones de este, que partes del proyecto desarrollaremos mas que otras, que modelo de planimetría utilizaremos, que simbología será la apropiada para representar los distintos subsistemas en los planos, que presupuesto saldrá de los gastos que apliquemos al proyecto, muchas veces estarán limitados y no podremos excedernos de lo pactado con gerencia o dirección.En resumen, un proyecto de seguridad integral TFC del curso de director de seguridad cuesta mucho tiempo , esfuerzo y dedicación. Nosotros se lo dedicamos, nos esforzamos y conseguimos resultados excelentes.
