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Madrid LA FLORIDA CIUDAD SIN LEY, : URBANIZACIÓN VIGILADA

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Madrid LA FLORIDA CIUDAD SIN LEY, : URBANIZACIÓN VIGILADA

Mensaje por vscapi el Mar 24 Nov 2015, 00:09

15/11/15


LA FLORIDA: URBANIZACIÓN VIGILADA. «CIUDAD SIN LEY» MADRID

Rebelión vecinal en la urbanización de lujo La Florida (Madrid)

La Florida: urbanización vigilada. Un cartel advierte en los accesos de la exclusiva urbanización de Aravaca, situada entre los kilómetros 12 y 13 de la carretera de La Coruña, de que este es un coto particular. Desde hace una década, la junta rectora que preside la comunidad de vecinos ha tomado medidas unilaterales para blindar su seguridad, contratando vigilancia privada que trabaja las 24 horas desde garitas situadas irregularmente en las entradas. También llegó a colocar unas barreras físicas para controlar el acceso de vehículos, incluido el autobús 162 de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Pero los palos cruzados duraron poco, ya que el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Madrid ordenaron su desmontaje por ser ilegales al tratarse de vías públicas que deben permanecer abiertas.

El anterior letrero que decía«Urbanización privada. Prohibido pasar a toda persona ajena», hubo de ser corregido igualmente. El motivo: la zona es pública, tal y como ha refrendado la Justicia en los últimos años.
En concreto, las calles de este antiguo terreno de El Pardo, separado en 1946 de Patrimonio Nacional para ser urbanizado, son públicas desde 1990, cuando el Ayuntamiento las recepcionó asumiendo, con ello, todos los servicios de limpieza, alcantarillado, seguridad o mantenimiento. El citado autobús municipal conecta la urbanización durante todo el día con Moncloa, distrito al que pertenece.

Gastos de comunidad. 700 euros al trimestre
Pero la junta rectora constituida en representación de los vecinos sigue defendiendo el carácter privado de la «ciudad Satélite de La Florida» y autogestiona costosos servicios de vigilancia, limpieza y abastecimiento de aguas. El presupuesto asciende a 1,5 millones de euros anuales aproximadamente, que deben sufragar los 309 propietarios de La Florida. De media, las facturas por «gastos de comunidad» rondan los 700 euros al trimestre. 3.000 euros anuales por barba.

Una veintena de estos propietarios lleva diez años en pie de guerra contra lo que consideran «un abuso», que han llevado a los tribunales. Denuncian que se exija el pago de unos servicios «ilegales», como el de seguridad privada, que asciende a 700.000 euros anuales, y que es contrario a la ley por darse en la vía pública. De hecho, en 2013 la Delegación del Gobierno, entonces dirigida por Cristina Cifuentes, revocó la autorización concedida por el Gobierno en 1995 para la prestación de esta vigilancia privada en vía pública, por ser contraria a la ley. La resolución está firmada con fecha del 16 de enero de 2013 por la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid.

«Ciudad sin ley»
Sin embargo, la junta rectora de la comunidad recurrió ante el Ministerio del Interior, que después de dos años y medio todavía no ha resuelto el recurso. «Lo han dejado en vía muerta y nadie responde por qué», se quejan los vecinos combativos.

Mientras tanto, los vigilantes privados rondan las calles a diario y controlan los accesos desde las tres garitas construidas sobre las aceras, que el Ayuntamiento ordenó desmontar por la misma razón que rechazó las barreras:es suelo público. La resolución municipal la firmó el entonces concejal del distrito de Moncloa-Aravaca, Álvaro Ballarín. El grupo rebelado critica la «pasividad absoluta» del ahora diputado regional del PP, con el que se reunieron varias veces, sin éxito. «Esto es una ciudad sin ley. No sabemos por qué razón, aquí se hace lo que se quiere. El Ayuntamiento, aun siendo consciente de la situación irregular en La Florida, no ha reaccionado», denuncian los vecinos combativos, que han impugnado las cuentas desde 2005, anuladas consecutivamente por el juez.

Ahora, se encomiendan al Gobierno de Manuela Carmena. La nueva concejal de Moncloa-Aravaca, Montserrat Galcerán, les recibió el pasado lunes 3 de noviembre, comprometiéndose a estudiar la situación. «Nuestro empeño es que se respete la ley en nuestras calles y que se reparen, al igual que cualquier otra vía pública de Madrid», aseguran los vecinos organizados contra la junta rectora.



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