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el Vie 11 Dic 2015, 09:29
11/12/15

El caso del 'capo' de la seguridad privada amenaza con arrasar la UD Las Palmas


El nuevo titular del Juzgado número 8 de Las Palmas de Gran Canaria,Salvador Alba Mesa, ha acelerado definitivamente una instrucción que llevaba meses paralizada por su predecesora en el cargo, la juez Victoria Rosell, que dejó la judicatura para ocupar la cabeza de listas por Las Palmas de Podemos al Congreso de los Diputados. En concreto, se trata de la investigación que rastrea los delitos fiscales cometidos presuntamente por el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, entre 2008 y 2013.

El juez, que ya hace una semana citó a declarar como imputado a Ramírez en relación con los cuatro últimos años rastreados, ha vuelto a tomar una medida que llevaba meses reclamando la acusación, ejercida por el abogadoIsmael Franco en representación de la Unión Sindical Obrera. El magistrado ha establecido una fianza de 35 millones de euros tanto para Ramírez como para el administrador de la sociedad, Héctor de Armas Torrent -también imputado-, y la propia mercantil Seguridad Integral Canaria.

Entre las tres personas (dos físicas y una jurídica) deberán entregar la mencionada cantidad en los próximos cinco días, como ha establecido el juez Alba Mesa, que incluso ha amenazado con embargar los bienes de los investigados en el caso de que los acusados no hicieran frente a los 35 millones en el plazo establecido. No en vano, ya en la declaración que Ramírez prestó recientemente ante el instructor, éste último le preguntó por la participación que el presidente de Seguridad Integral Canaria tiene en la Unión Deportiva Las Palmas.

El imputado respondió que posee actualmente un 8% de las acciones del club de fútbol y que Seguridad Integral Canaria, por su parte, también es dueña de otro tanto del equipo de Las Palmas, participaciones ambas que El Confidencial ha confirmado como ciertas a través de una consulta al Registro Mercantil. Tanto Ramírez como De Armas, de hecho, forman parte del consejo de administración de la entidad deportiva. El primero como presidente y el segundo como consejero del órgano.

Este interés del juez por las propiedades de los imputados se basa en que, de no cumplir con la fianza establecida, el magistrado dará orden de embargar posesiones suficientes de los investigados para afrontar los 35 millones de euros, entre las que podría estar la propia Unión Deportiva Las Palmas por los mencionados porcentajes que están en poder de Ramírez. Este coletazo, de llevarse a cabo, podría volver a poner en la picota al club, que hace apenas unos meses había dejado atrás los problemas económicos.


El juez amenaza con embargar, entre otros bienes, la participación del 16% que entre Ramírez y su empresa mantienen en el club de fútbol

El pasado junio, el juez de lo Mercantil número 1 de Las Palmas, Alberto López, concluyó el concurso de acreedores establecido sobre la Unión Deportiva -que había sido declarado por el club 11 años antes- al entender que había habido cumplimiento del convenio. El equipo incluso volvió a Primera División en un síntoma más de la buena racha que atravesaba y que parecía dejar atrás definitivamente las malas sensaciones. Ahora, sin embargo, el club ocupa la última plaza de la tabla clasificatoria y vuelve a asomar la sombra de los problemas económicos.

Dos informes de Hacienda y de la Tesorería General de la Seguridad Social desvelan que Seguridad Integral Canaria acumula un fraude a las arcas públicas de casi 21 millones de euros en los seis años investigados (de 2008 a 2013). Durante la instrucción, de hecho, un perito de la Agencia Tributaria incluso llegó a calificar de "estratosféricas" las dietas que abonaba la compañía a sus trabajadores, herramienta contable que supuestamente utilizaba la mercantil para pagar conceptos salariales sujetos a retención y evitar así abonar al fisco.

La empresa, por su parte, defiende que estas prácticas relativas al cobro de dietas son legales y que la causa judicial aún se encuentra en un momento embrionario, por lo que es pronto para aventurar si ha habido o no delito, como considera el fiscal y los querellantes.

La compañía tiene adjudicada actualmente la vigilancia de instalaciones públicas tan sensibles como el Ministerio de Defensa, el Palacio Real, el Metro de Madrid, la propia Tesorería General de la Seguridad Social que ha emitido los informes que están sirviendo de base a la acusación o incluso los edificios judiciales en los que han declarado estos últimos días tanto el presidente como el administrador de la sociedad imputada. En total, los contratos con la administración que mantiene Seguridad Integral Canaria superan los cien millones de euros.




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