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josepmarti
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el Miér 10 Feb 2016, 14:59
El ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley y su mujer, Marta Ferrusola, declaran hoy como imputados por un delito de blanqueo de capitales ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata.
Cuando concluya la comparecencia, el abogado del sindicato Manos Limpias Pedro Muñoz, que está personado en la causa como acusación popular, pedirá al juez De La Mata que decrete prisión preventiva para el matrimonio.
La investigación de la Audiencia Nacional tiene su origen en la fortuna que la familia Pujol ocultó durante décadas en Andorra. El ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley admitió en julio de 2014 que había ocultado estos fondos, pero aseguró que tenían su origen en una “herencia” del abuelo Florenci, que se enriqueció traficando con divisas en Tánger durante los años finales del Franquismo.
La falsa herencia del abuelo Florenci
Ocho meses después, el 26 de marzo de 2015, el ex president mantuvo esta versión al declarar como imputado ante el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona. Y argumentó que la supuesta “herencia” del abuelo Florenci se multiplicó de forma vertiginosa a lo largo de los años, gracias a las hábiles inversiones realizadas por un albacea.
Según su declaración ante el juez, los 850.000 euros (140 millones de pesetas) depositados en la Banca Reig en la década de los 80 se habían transformado, diez años después, en tres millones de euros. Y a principios del año 2000 esta cifra se había multiplicado hasta superar los diez millones.
Ya en aquel momento, el juez instructor y el fiscal advirtieron que la versión del ex president era inverosímil. Pujol añadió que no tenía ni un sólo documento que pudiera acreditar el origen de estos fondos, que habían sido administrados por un albacea, ya fallecido, sin que él contara con ninguna información.
Sin embargo, la comisión rogatoria enviada por el juez De la Mata a Andorra ha echado por tierra esta versión y ha demostrado que el ex presidente de la Generalitat mintió: las cuentas que la familia Pujol mantenían abiertas en Andorra se nutrieron fundamentalmente de ingresos en efectivo.
Un reparto de “sumas millonarias”
Por ello, el magistrado y la Fiscalía Anticorrupción sospechan que la familia Pujol depositó en estas cuentas las mordidas que cobraba a decenas empresas a cambio de la adjudicación de obras públicas y contratos de la Generalitat. Comenzando por la adjudicación de obras previas a la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992.
En 2010, cuando Andbank invitó al clan Pujol a que abandonara la entidad debido a la sospecha de blanqueo de capitales, la familia del ex president transfirió una pequeña parte de estos fondos a la Banca Privada de Andorra (BPA) y desvió el grueso de su fortuna a varios paraísos fiscales para ocultarla a la Justicia española.
A petición de la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona se ha inhibido a favor del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que ha unificado así las causas abiertas a toda la familia Pujol por un delito de blanqueo de capitales procedentes del cobro de comisiones ilegales.
El juez De la Mata considera que en el seno de la familia se ha producido una “asignación de roles” y un reparto de cantidades “multimillonarias” en función de los ingresos que recibían en cuentas bancarias “ocultas” en el extranjero, con un “particular sistema de rendición de cuentas para controlar” esa distribución de fondos, lo que a su juicio revela la existencia de “un patrón de comportamiento reiterado durante años que apuntan elementos básicos de una organización” para delinquir.
Otro constructor admite una comisión de 400.000 euros
Y añade en su auto que Jordi Pujol Soley no puede justificar este patrimonio multimillonario “con los ingresos ordinarios que hubiere obtenido por razón del cargo público que ostentó durante 23 años como presidente de la Generalitat“, ni tampoco ha aportado ninguna prueba de que proceda de la supuesta herencia del abuelo Florenci como sostuvo inicialmente.
En el marco de esta investigación, el juez De la Mata ha tomado declaración este martes al consejero delegado de constructora Promotora del Mediterráneo (Promomed), quien reconoció que pagó una comisión de 400.000 euros a Jordi Pujol jr. por su intermediación para desarrollar un bloque de 226 apartamentos de lujo en Ibiza, denominado Life Marina Ibiza.
No obstante, el empresario asegura que esta comisión fue completamente legal y quedó reflejada en un contrato de asesoramiento.
Cada uno de los apartamentos construidos alcanzó un valor de mercado de dos millones de euros. La UDEF considera que Jordi Pujol Ferrusola recibió una de estas viviendas de lujo en pago por sus gestiones, además de los 400.000 euros cobrados de comisión.


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