Fraude social en los contratos de seguridad privada de las Administraciones Públicas
ENRIC FUCHO ABOGADO ESPECIALISTA SEGURIDAD PRIVADA
Enric Fucho y asociados. Gabinete jurídico y de investigación

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Fraude social en los contratos de seguridad privada de las Administraciones Públicas

Mensaje por vscapi el Miér 17 Feb 2016, 01:29



16/02/16

Fraude social en los contratos de seguridad privada de las Administraciones Públicas


-USO Cantabria ha denunciado que los contratos ofertados se están adjudicando a empresas que defraudan al Estado.


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Uno de los fraudes que denuncia USO es el de Adif Renfe
Las administraciones públicas, aplicando la Ley de Contratos del Estado, adjudica los servicios de vigilancia del conjunto del Estado, las administraciones autonómicas, centrales, ferrocarriles, etc., a empresas que compiten en un concurso de oferta pública cuyo “único requisito” es que sea “la oferta más barata”. Pero según ha denunciado la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO Cantabria (FTSP-USO), esto está provocando un importante fraude social, pues genera “deudas cuantiosas” que recientemente han sido publicadas por la Agencia Tributaria.

Por ello, el sindicato denunciará ante los organismos de la Administración Pública las adjudicaciones de vigilancia de las diferentes administraciones del Estado, otorgadas a empresas que deben cuantías que en algunos casos “sobrepasan los 13 millones de euros” con la Agencia Tributaria y “deudas cuantiosas con la Seguridad Social  por la falta de cotizaciones” a la propia entidad.

“Todo ello supone un fraude a la sociedad, que ve cómo continuamente se denuncian casos de corrupción, siendo éste un caso de los más graves por su volumen económico”, ha afirmado USO, pues es la propia Administración “quien es capaz de adjudicar los servicios utilizando una Ley claramente obsoleta a pesar de su juventud, defraudándose en algunos casos unos organismos a otros”.

-La propia Administración "es capaz de adjudicar los servicios utilizando una Ley claramente obsoleta, defraudándose en algunos casos unos organismos a otros”


El sindicato ha señalado, en este sentido, “dos casos en nuestra comunidad”. Por un lado, el “fracaso de la contratación de la patrullera de aduanas ALCARAVAN”, en la cual la empresa adjudicataria mantiene una deuda de más de 6 millones de euros con la Agencia Tributaria además de con sus  propios trabajadores, con más de 8 meses sin percibir sus salarios y obligados a continuar en su puesto de trabajo.

Por otro, el “servicio de ADIF RENFE, en el cual ya denunciamos en noviembre el embargo por parte de la Agencia Tributaria de sus facturaciones, más de 13 millones de euros de deuda y los trabajadores sin percibir sus salarios desde diciembre”.

Asimismo, USO destaca dos grandes consecuencias de estas prácticas: “las cuantiosas pérdidas económicas derivadas de la falta de ingresos en cotizaciones e impuestos a la  Agencia Tributaria” y el “encarecimiento que supone que todos los trabajadores afectados acabarán percibiendo sus salarios del conjunto de la sociedad a través de nuestras aportaciones al  FOGASA”.

“Mientras, las diferentes administraciones del Estado están mirando para otro lado y, en algunos casos, los empresarios del sector en paradero desconocido”, ha denunciado.

Por todo ello, el sindicato ha instado a las formaciones políticas de Cantabria, ayuntamientos y al Gobierno regional a “resolver de una vez por todas estas situaciones” de fraudes económicos, sociales y desamparo de los trabajadores afectados, para lo que ha iniciado una ronda de contactos con las diferentes administraciones y partidos políticos para poner fin a esta situación.



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