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el Miér 25 Mayo 2016, 20:28

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[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] ( [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] - 25/05/2016 )


El pasado lunes se cumplieron tres años desde que Extremadura puso en marcha la ley de renta básica de inserción para ayudar a miles de extremeños sin ningún tipo de recursos ni salidas en plena crisis. Hoy son unas 4.000 personas las que reciben esta ayuda pero a partir de junio serán 6.956 los extremeños que cobrarán la renta básica en Extremadura, según los datos facilitados, lo que supone 3,3 millones. Cada perceptor recibe unos 400 euros mensuales.

Desde aquel 23 de mayo de 2013, día en el que entró en vigor la nueva normativa, han sido más de 46.000 personas las que han solicitado esta ayuda en la región pero apenas 14.000 se han beneficiado en algún momento de ella y han percibido el dinero. Hay cerca de 10.000 solicitudes que están en proceso de resolución favorable aunque aún en trámites y otras 21.000 inscripciones han sido rechazadas en este tiempo. A día de hoy hay 1.700 expedientes sin resolver.

Pero en estos tres años de vida no solo hay que sumar cifras, que encierran a miles de personas al límite, sino también modificaciones de la propia normativa que han intentado dar celeridad a una ley que nació sin mucha prisa y con una avalancha de solicitudes.


UN AÑO DESPUES La ley aprobada en el 2013 por el Ejecutivo del expresidente José Antonio Monago sufrió solo un año más tarde su primera modificación. En octubre del 2014 se cambiaban parte de las reglas: aumentó la cuantía mínima mensual --de 372 a 426 euros--, la de los ingresos máximos anuales para acceder a la prestación --pasaron de 4.792 a 5.591 euros-- y se pusieron en marcha convocatorias para que cada trimestre durante un plazo determinado se pudieran presentar las solicitudes, uno de los cambios más polémicos. Así se mantiene la ley en la actualidad aunque ya hay nuevos cambios.

Hace dos semanas el Consejo de Gobierno aprobó una nueva modificación del decreto ley de renta básica que supone acabar con las convocatorias y que se pueda solicitar la ayuda en cualquier momento del año, como en sus inicios. Incluye además que el dinero llegue a los beneficiarios el día siguiente de que su solicitud sea favorable y el silencio positivo en el caso de que se tarde más de dos meses en responder una solicitud.

Estas nuevas modificaciones se debatirán mañana en la Asamblea, pero mientras se aprueban definitivamente, la Consejería de Sanidad señala que desde que el PSOE llegó al gobierno regional "se ha hecho todo lo posible por agilizar estos trámites durante este periodo, en el que se han encontrado muchos expedientes sin resolver". Aseguran que había 8.258 solicitudes pendientes y 3.800 resoluciones favorables sin cobertura económica que supusieron 5,4 millones de euros.

El consejero de Sanidad, José M Vergeles, valoró ayer positivamente el acuerdo parlamentario que permitió hace tres años crear la ley de renta básica, "una prestación muy necesaria después de que el Gobierno de Monago nos hubiese quitado las AISES --Ayudas para la Integración en Situaciones de Emergencia Social--". No obstante, tras ese primer paso, Vergeles reconoce que tanto el texto legal original como la modificación sufrida en el 2014 tenían "elementos que entorpecían la resolución ágil de la renta básica", un problema que intenta mejorar con la nueva modificación.


LA LUCHA Sin embargo, desde el Campamento Dignidad el balance es distinto. Valoran la aprobación de la ley el 9 de mayo de 2013, que culminó con 80 días de acampada en la calle de este colectivo en varias ciudades de la región, pero consideran que esta ayuda se concibió como un instrumento asistencial y no como un derecho ciudadano, como el Campamento defiende. Añaden que los cambios introducidos mejoran la gestión pero no garantizan la prestación para todos los extremeños sin cobertura de desempleo y no lo hace ni la propia ley de renta básica ni las ayudas de apoyo social para contingencias o mínimos vitales, denuncian. "Hemos conseguido arrancar al poder más de lo que querían, pero sigue siendo insuficiente", apunta Manuel Cañada, activista del Campamento Dignidad.

Este colectivo critica que desde el pasado noviembre hay 3.400 beneficiarios pendientes de cobrar la renta básica. La Junta reconoce que 2.000 perceptores han visto retrasada el cobro de su ayuda por la demora en la aprobación de los presupuestos, pero confirma que en junio todos los solicitantes que tienen los expedientes aprobados y finalizados percibirán la renta básica: serán 6.956 personas, precisa.
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