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SENTENCIA AN. DELEGADOS DERECHO A VER INFORMACION

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SENTENCIA AN. DELEGADOS DERECHO A VER INFORMACION

Mensaje por 38435-6718 el Sáb 12 Nov 2016, 11:36

Roj: SAN 4239/2014 - ECLI:ES:AN:2014:4239
Id Cendoj: 28079240012014100180
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 226/2014
Nº de Resolución: 177/2014
Procedimiento: SOCIAL
Ponente: RAFAEL ANTONIO LOPEZ PARADA
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA


Madrid, a treinta de octubre de dos mil catorce.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional compuesta por los Sres. Magistrados citados al margen y
EN NOMBRE DEL REY
Ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el procedimiento 226/2014 seguido por demanda del Sindicato Federal de Correos y Telégrafos
de la Confederación General del Trabajo (CGT) ( letrado D. Lluc Sánchez Bercedo), contra la Sociedad
Estatal de Correos y Telégrafos S.A. ( Abogado del Estado Dña. Socorro Garrido) y contra la Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Fraternidad Muprespa ( letrado D.
Rafael Domenech Girone), así como, en cuanto legitimados, CC.OO. ( no comparece), UGT.( no comparece),
Sindicato Libre de Correos( no comparece), y CSI-CSIF ( no comparece),, sobre conflicto colectivo. Ha sido
Ponente el Ilmo. Sr. D. RAFAEL A. LOPEZ PARADA . .

ANTECEDENTES DE HECHO


PRIMERO.- Según consta en autos, el día 25 de julio de 2014 se presentó demanda por el Sindicato
Federal de Correos y Telégrafos de la Confederación General del Trabajo (CGT), contra la Sociedad Estatal
de Correos y Telégrafos S.A. y contra la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de
la Seguridad Social Fraternidad Muprespa, así como, en cuanto legitimados, CC.OO., UGT., Sindicato Libre
de Correos y CSI-CSIF, sobre conflicto colectivo.

SEGUNDO.- La Sala acordó el registro de la demanda y designó ponente, con cuyo resultado se señaló
el día 28 de octubre de 2014 para los actos de intento de conciliación y, en su caso, juicio, al tiempo que se
accedía a lo solicitado en los otrosies de prueba

TERCERO.-. Llegado el día y la hora señalados tuvo lugar la celebración del acto del juicio, previo
intento fallido de avenencia, y en el que se practicaron las pruebas con el resultado que aparece recogido en
el acta levantada al efecto. No comparecieron CC.OO., UGT., Sindicato Libre de Correos ni CSI-CSIF.

CUARTO .- La parte demandante se ratificó en su demanda, exponiendo el representante procesal
de la misma los motivos que fundan su pretensión. Se opusieron a la estimación de la pretensión las partes
demandadas, por los motivos que igualmente argumentaron, alegando la Sociedad Estatal en primer lugar la
excepción de falta de legitimación activa del sindicato demandante y falta de legitimación pasiva de la sociedad
estatal respecto de la primera pretensión, mientras que la Mutua alegó como excepción la falta de legitimación
pasiva respecto de la segunda pretensión. Todo ello en los términos que resultan del acta del juicio y de la
grabación de la vista oral.

QUINTO . - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.6 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre ,
se precisa que los hechos controvertidos y conformes fueron los siguientes: Hechos controvertidos: - Niega la
implantación del sindicato federal en la empresa. - Se afirma que quien presento candidaturas en elecciones
fue CGT y obtuvo 9,28%. - El conflicto afecta al persona laboral. - No se entregan informes de investigación
2
de accidentes a la Mutua. - Correos presenta procedimiento de investigación de accidentes laborales con
instrucciones, entre ellas una hoja de investigación de accidentes que se negoció en la Comisión Estatal de
Salud laboral, que se acordó en reunión de 22/09/09. - En el protocolo PR04 se distingue entre accidentes
leves y graves. - Además del superior jerárquico intervienen mas miembros de la empresa. - La empresa
remite al trabajador con un volante de asistencia del accidentado. - La Mutua decide si la contingencia es
común o profesional en razón de criterios clínicos. - Se informa a delegados de prevención respecto de la
siniestralidad en la empresa en razón a los protocolos PR04 Y PR05.
Resultando y así se declaran, los siguientes

HECHOS PROBADOS


PRIMERO .- La Confederación General del Trabajo tiene como mínimo un 9,28% de los representantes
unitarios de personal en la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.

SEGUNDO .- La sociedad estatal Correos y Telégrafos S.A. está asociada para la protección de los
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus trabajadores a la Mutua de Accidentes de Trabajo
Fraternidad Muprespa.

TERCERO.- Para la atención sanitaria por los servicios de la Mutua Fraternidad Muprespa de los
trabajadores de la sociedad estatal, cuando sufren algún accidente de trabajo o enfermedad profesional, la
Mutua exige que éstos presenten a sus servicios sanitarios un "volante de solicitud de asistencia" expedido por
la empresa a través de los responsables de la unidad o dependencia en la que preste servicios el trabajador
accidentado. Con independencia de ello la Mutua posteriormente acepta o no la contingencia como accidente
de trabajo o enfermedad profesional o bien entender que se trata de accidente no laboral o enfermedad común,
para su atención por los servicios públicos de salud.

CUARTO.- Cuando se produce un accidente de trabajo o enfermedad profesional la sociedad estatal
Correos y Telégrafos S.A. lleva a cabo una investigación del mismo siguiendo unos criterios internos
establecidos conocidos como protocolo PR00004, lo que culmina en la emisión de un informe interno. La
empresa no proporciona copia de este informe a los delegados de prevención ni a los demás representantes
de los trabajadores.
Se han cumplido las previsiones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO


PRIMERO .- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.5 y 67 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial , en relación con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre ,
compete el conocimiento del proceso a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

SEGUNDO. - De conformidad con lo prevenido en el artículo 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre ,
se expresa que los hechos declarados probados se han deducido de las pruebas siguientes:
En cuanto a la representación del sindicato Confederación General del Trabajo en la sociedad estatal
(ordinal primero) se deja constancia de la cifra menor reconocida por la empresa demandada, dado que ni
es objeto de este litigio determinar con exactitud esa representación, ni se ha practicado específica prueba
al respecto, siendo en definitiva irrelevante esta discusión puesto que incluso con el nivel representativo
reconocido por la propia sociedad demandada el sindicato tiene la legitimación activa requerida por el artículo
154.a de la Ley de la Jurisdicción Social, la cual por otra parte no ha sido cuestionada por esta causa.
En cuanto a la estructura interna del sindicato Confederación General del Trabajo y del Sindicato
Federal de Correos y Telégrafos de la Confederación General del Trabajo y las relaciones entre ambos, la
carga de la prueba se atribuye íntegramente a la Abogacía del Estado que alega la diferencia entre ambas
organizaciones y su separación jurídica, puesto que se trata de una excepción que opone en el acto del juicio
y sin previo anuncio de la misma que permita exigir a la parte actora la preparación de una prueba sobre
su estructura interna como sindicato. Para acreditar cuál sea esa estructura, con efectos frente a terceros,
sería preciso aportar los estatutos de los sindicatos completamente actualizados y certificados por la oficina
pública competente en relación con la fecha correspondiente, puesto que no cabe olvidar que el procedimiento
para la constitución del sindicato es el mismo que ha de aplicarse, también en cuanto al registro y publicidad,
para la modificación de los estatutos de las organizaciones sindicales ya constituidas ( artículo 4.8 de la Ley
Orgánica de Libertad Sindical ). Por consiguiente en este caso esta Sala no puede considerar acreditado,
como pretende la Abogacía del Estado, la Confederación General del Trabajo y el Sindicato Federal de
Correos y Telégrafos de la Confederación General del Trabajo sean dos organizaciones sindicales distintas y
3
separadas, con personalidades jurídicas diferenciadas, frente a la tesis de la parte demandada, según la cual
la organización sindical Sindicato Federal de Correos y Telégrafos de la Confederación General del Trabajo
tendría personalidad jurídica pero al mismo tiempo estaría confederada dentro del sindicato Confederación
General del Trabajo, también con personalidad jurídica.
El ordinal segundo no ha sido controvertido.
El ordinal tercero tampoco es propiamente controvertido en su contenido fáctico declarado y con
independencia de su valoración jurídica, siendo lo controvertido si para adoptar la decisión de aceptar o no
la contingencia profesional la Mutua recibe previamente información de la empresa sobre el accidente y, en
concreto, el informe de investigación del mismo, algo que no se considera acreditado por cuanto es negado
por la empresa y por la Mutua y al respecto no ha practicado la parte demandante, a quien incumbe la carga
de hacerlo, ninguna prueba en absoluto.
El ordinal cuarto no ha sido controvertido.

TERCERO . - Se alega en primer lugar por parte de la sociedad estatal la falta de legitimación activa del
sindicato demandante, Sindicato Federal de Correos y Telégrafos de la Confederación General del Trabajo
(CGT), por cuanto se dice que la representación en la sociedad estatal la tendría el sindicato Confederación
General del Trabajo, por tener personalidad jurídica diferente del sindicato demandante.
No se discute, obviamente, la existencia de poder suficiente para comparecer en pleito, en nombre
del Sindicato Federal de Correos y Telégrafos de la Confederación General del Trabajo (CGT), del letrado
compareciente, dado que consta en autos (descriptor 2) dicho apoderamiento en seden notarial. Lo que se
cuestiona es si dicho sindicato tiene legitimación activa para defender la pretensión en el presente conflicto
colectivo, por cuanto la Abogacía del Estado sostiene que el sindicato que está implantado en la empresa
es la Confederación General del Trabajo y no el sindicato demandante, cuyas personalidades jurídicas son
diversas.
Para resolver la cuestión hay que partir de que la Ley Orgánica de Libertad Sindical en su artículo 2.2
reconoce a las organizaciones sindicales, como parte esencial del derecho fundamental de libertad sindical
del artículo 28.1 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical , el derecho de autoorganización, consistente en
la posibilidad de redactar sus estatutos y reglamento, organizar su administración interna y sus actividades
y formular su programa de acción y así mismo constituir federaciones, confederaciones y organizaciones
internacionales, así como afiliarse a ellas y retirarse de las mismas.
La separación de personalidades jurídicas entre dos organizaciones sindicales confederadas o
federadas entre sí no tiene la relevancia que pretende conferir a ello la Abogacía del Estado cuando se
trata de determinar la representatividad de un sindicato dentro de un determinado ámbito, representatividad
que es la que, en definitiva, confiere la legitimación para el conflicto colectivo. Dentro de la Ley Orgánica
de Libertad Sindical, la existencia de diferentes sindicatos federados en otros se estima una forma válida
de organización e incluso a efectos de representatividad se considera a tales sindicatos de manera unitaria,
independientemente de que gocen o no de personalidad jurídica, de manera que frente a terceros no cabe
diferenciar estrictamente a dos personas jurídicas pertenecientes a la estructura del mismo sindicato en
diferentes niveles. Así la mayor representatividad sindical en el nivel estatal se comunica a "los sindicatos
o entes sindicales, afiliados, federados o confederados a una organización sindical de ámbito estatal que
tenga la consideración de más representativa" ( artículo 6.2.b de la Ley Orgánica de Libertad Sindical ) y la
mayor representatividad en el nivel de Comunidad Autónoma se comunica a " los sindicatos o entes sindicales
afiliados, federados o confederados a una organización sindical de ámbito de Comunidad Autónoma que tenga
la consideración de más representativa ( artículo 7.1.b de la Ley Orgánica de Libertad Sindical ). Debe llamarse
la atención sobre el hecho de que en estos supuestos de federación o confederación, la Ley Orgánica atribuye
el concepto de "organización sindical" a la confederación, que engloba bajo su paraguas a distintos "sindicatos
o entes sindicales", independientemente de su personalidad jurídica. Aún más, esta consideración unitaria se
refuerza impidiendo adquirir la condición de más representativos en un ámbito estrictamente autonómico a los
sindicatos que "estén federados o confederados con organizaciones sindicales de ámbito estatal", esto es, del
mero hecho de la federación o confederación se deduce su absorción bajo la organización sindical estatal y
ello obliga a adquirir la mayor representatividad en aquel ámbito estatal, no siendo posible que el sindicato que
forme parte de una organización sindical estatal adquiera la mayor representatividad en un ámbito autonómico
aislado ( artículo 7.1.a de la Ley Orgánica de Libertad Sindical ).
Esta consideración unitaria impide distinguir, a efectos de exigencia de legitimación activa en el proceso
(legitimación activa que se fundamenta precisamente en la implantación y representatividad del sindicato en
4
el correspondiente ámbito conflictivo), entre los distintos sindicatos o entes sindicales, con o sin personalidad
jurídica, que forman parte de la misma organización sindical en sentido amplio. Por ello la excepción planteada
por la Abogacía del Estado ha de ser desestimada.
Otra cuestión distinta y que no escapa a esta Sala es que la decisión de ejercer acciones judiciales
o de otorgar un mandato para comparecer en el proceso deba provenir de los órganos competentes de
la organización sindical (entendida en sentido amplio cuando existe una federación o confederación), lo
que habría que determinarse de acuerdo con sus estatutos. En este sentido podría ponerse en duda no la
legitimación del sindicato stricto sensu, sino la existencia de una decisión válida dentro de la organización
sindical para sostener una determinada postura procesal en un litigio. Pero esta excepción tiene un recorrido
muy limitado en el ámbito social cuando es opuesta por un tercero y no por un órgano del mismo sindicato
dentro de un conflicto interno, puesto que en el ámbito social del hecho de la afiliación se deriva una presunción
de conformidad con el ejercicio de la representación procesal y si esto es así cuando se trata de meros afiliados
individuales (artículos 20 ó 247.1.b de la Ley de la Jurisdicción Social), con mayor motivo ha de presumirse
cuando se trata de decisiones de órganos internos del sindicato que no son controvertidas desde la propia
organización sindical, lo que ha de interpretarse como conformidad presunta.
En este sentido las exigencias formales contenidas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (ni la doctrina que las interpreta), no se aplican ni en el proceso civil ni en el proceso social, en
el cual basta con acreditar la representación mediante poder bastante. Hemos de recordar que en el ámbito
contencioso administrativo está regulado un requisito para la validez de la comparecencia en juicio de las
personas jurídicas en el artículo 45.2.d) de la Ley 29/1998 , el cual ha sido objeto de estudio por varios
pronunciamientos jurisprudenciales, como por ejemplo los contenidos en las sentencias de la Sala 3ª (Sección
7ª) del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 2010 y de 19 de diciembre de 2012 , según las cuales el requisito es
exigido por la Ley a todas las "personas jurídicas" y, por tanto, tras la Ley 29/1998, cualquiera que sea la entidad
demandante, ésta debe aportar, bien el documento independiente acreditativo de haberse adoptado el acuerdo
de interponer el recurso por el órgano a quien en cada caso competa, o bien el documento que, además de
ser acreditativo de la representación con que actúa el compareciente, incorpore o inserte en lo pertinente la
justificación de aquel acuerdo, sin que quepa confundir ese requisito con el poder de representación del letrado
o procurador en el proceso, que sólo acredita y pone de relieve que el representante está facultado para actuar
válida y eficazmente en nombre y por cuenta del representado. En el ámbito contencioso-administrativo se
exige acreditar que la decisión de litigar, de ejercitar la acción, ha sido tomada por el órgano de la persona
jurídica a quien las normas reguladoras de ésta atribuyan tal facultad y dicha regulación puede ser más o
menos conveniente y garantista de la seriedad del proceso, pero no puede aplicarse sin amparo normativo
en otros órdenes jurisdiccionales, puesto que este requisito no aparece en la legislación procesal social, ni
puede ser introducido en la misma de manera indirecta como parece pretenderse. Cuestión distinta serán
las responsabilidades que puedan exigirse dentro del sindicato o persona jurídica afectada respecto de sus
órganos y representantes si ejercen indebidamente su mandato o se exceden de los términos del mismo. La
excepción es desestimada.

CUARTO .- Entrando en el fondo, hay que comenzar por reseñar que la demanda tiene una muy tortuosa
construcción, pero en definitiva concluye con dos pretensiones, ambas de carácter meramente declarativo,
que se articulan y anudan en el suplico:
La primera es que se declare que la conducta de la sociedad estatal demandada y de la Mutua
codemandada consistente en declarar los accidentes como no laborales utilizando para ello el informe de la
investigación de accidente de trabajo realizada por la empresa, es ilegal.
La segunda es que se declare que la falta de acceso por parte de los delegados de prevención al
informe resultante de la investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es contraria
a Derecho.
Siendo estas dos exclusivamente las pretensiones, esta Sala ha de omitir todo pronunciamiento en
torno a un número significativo de observaciones e interrogantes que el sindicato demandante plantea a lo
largo de la fundamentación de la demanda pero que no se concretan después en pretensión de ningún tipo.
En cuanto al ámbito de esas dos pretensiones, aunque del hecho tercero de la demanda parecería
deducirse que se refiere al personal laboral y funcionario de correos (se incluye este último en el cómputo
de trabajadores afectados por el conflicto) y aunque el letrado representante del sindicato actor no acertó a
aclarar en el acto del juicio si su pretensión incluía o no al personal funcionario, lo cierto es que se observa
cómo en el hecho decimotercero de la propia demanda, a la hora de explicar las pretensiones de la misma,
5
se especifica claramente que van referidas exclusivamente al personal laboral de la sociedad estatal y a ello
hemos de estar.

QUINTO.- En cuanto a la primera pretensión hemos de partir de que no existe la alegada falta de
legitimación pasiva de la sociedad estatal. Si se considerase acreditado que ésta proporciona a la Mutua
el informe de investigación de los accidentes para que ésta decida sobre la calificación correcta de la
contingencia, dado que lo que se pide es la declaración de ilicitud de tal conducta, esa declaración afectaría
a ambas codemandadas. Ocurre sin embargo que no se ha considerado acreditado ese hecho, esto es,
el acceso por parte de la Mutua al informe de investigación del accidente y por ello esta pretensión de la
demanda ha de desestimarse por falta de todo sustento fáctico. No es éste el procedimiento adecuado, ni
siquiera se pretende que lo sea, para hacer una declaración general sobre cuál ha de ser el procedimiento de
tramitación de los accidentes de trabajo por la Mutua demandada, procedimiento recientemente modificado
por el Real Decreto 625/2014, cuyo artículo 3 contiene hoy la regulación relevante al respecto, y que sería de
aplicación por la Mutua para ésta y para cualquier otra empresa asociada. En definitiva la pretensión, dirigida
específicamente para el caso de la sociedad estatal Correos y Telégrafos, está estrictamente vinculada a una
supuesta conducta como es la remisión del informe de investigación del accidente que no consta acreditada.

SEXTO .- En cuanto a la segunda pretensión, relativa al derecho de los delegados de prevención a
acceder a los informes de investigación de accidentes de trabajo realizados por la empresa, hemos de estimar
la falta de legitimación pasiva de la Mutua demandada, puesto que en nada le afecta jurídicamente ese conflicto
sobre el derecho a la información de los representantes de los trabajadores en la sociedad estatal.

SÉPTIMO.- Por otra parte hemos de decir que la existencia de un criterio técnico de la Dirección General
de Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre el derecho de información de los delegados de prevención
no vincula a esta Sala, cuyo criterio puede coincidir o no con la interpretación de la normativa realizada
por la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo. El artículo 18.3.7 de la Ley 42/1997 , ordenadora de
la Inspección de Trabajo, confiere a la Autoridad Central la competencia para "la definición de los criterios
técnicos y operativos comunes para el desarrollo de la función inspectora en aplicación de los objetivos
de carácter general que defina la Conferencia Sectorial" y por tanto dicho documento tiene valor como
criterio unificado de actuación inspectora, pero obviamente no tiene valor normativo ni sus destinatarios
son los órganos judiciales, cuya interpretación podrá ser o no coincidente. Ahora bien, causa perplejijdad la
discusión de las partes sobre el extenso y fundamentado Criterio Técnico 43/2005 de la Autoridad Central
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se ha incorporado por la parte demandante adjunto a
su demanda y obra como descriptor 4, con el cual la parte demandante pretende dar valor a su pretensión,
mientras que la Abogacía del Estado lo combate, pretendiendo desvirtuar el mismo no solamente en base
a su falta de valor normativo, sino también calificándolo como incorrecto jurídicamente. Decimos que causa
perplejidad dicho debate puesto que basta con la lectura del indicado criterio, que suponemos que las partes
han llevado a cabo, para comprobar cómo la cuestión aquí debatida, esto es, el derecho a acceder a los
informes de investigación de accidentes realizados por la empresa, no es objeto del mismo, ni se trata en
parte alguna de éste. El objeto del indicado criterio es determinar el concepto de "acceso" a la información del
artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por parte de los delegados de prevención y si dicho
derecho incluye la posibilidad de obtener copias de los documentos, concluyendo el citado criterio técnico que
"a juicio de esta Autoridad Central carecen de justificación y respaldo jurídico las limitaciones impuestas a los
delegados de prevención en el ejercicio de su derecho "al acceso a la información y documentación" preciso
para el ejercicio de las actividades preventivas, que representen un trato diferenciado c injustificado respecto
a otros agentes preventivos, tales como los integrantes de los servicios de prevención u otros miembros del
Comité de Seguridad y Salud, o que carezcan de una norma legal que justifique tales restricciones". El resto
del documento se dedica a justificar jurídicamente dicha interpretación y a establecer las posibles restricciones
al derecho por su confluencia con otros derechos que pudieran resultar contradictorios. En ninguna parte del
documento se aborda el problema del acceso a los informes resultantes de la investigación de accidentes de
trabajo, que ni siquiera se mencionan.
De la misma manera ha de decirse que los informes de auditoría preventiva, aunque no pongan reparos
ni detecten irregularidades, no son vinculantes para el órgano judicial, máxime cuando se debaten cuestiones
estrictamente jurídicas, como en este caso.

OCTAVO .- En definitiva, para resolver la segunda cuestión planteada en el presente litigio, sobre el
derecho de los delegados de prevención a acceder a los informes y documentos resultantes de la investigación
por la empresa de los accidentes de trabajo, hay que tener en cuenta:
6
a) El artículo 36.2.b de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales confiere a los delegados de
prevención el derecho a tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta
Ley , a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el
ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley , añadiendo que,
cuando la información esté sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que
se garantice el respeto de la confidencialidad.
b) La remisión al artículo 23 de la Ley supone que el derecho de información de los delegados de
prevención tiene la misma extensión que la potestad informativa de la propia autoridad laboral en este ámbito,
puesto que dicho artículo define la documentación que el empresario debe elaborar y conservar a disposición
de la autoridad laboral. Si se negare el acceso a los delegados de prevención ello sería equivalente a negar
también el de la autoridad laboral.
c) El artículo 23 de la Ley de Prevención contempla el derecho de información de la autoridad laboral (y,
por ende, de los delegados de prevención) respecto a la "evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud
en el trabajo, incluido el resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad
de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 2 del artículo 16 de esta ley ".
d) A su vez la regulación de la evaluación de riesgos aparece en el artículo 16 de la Ley, donde,
aparte de la evaluación inicial, se dice que "la evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones
de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los
daños para la salud que se hayan producido" ( artículo 16.2.a). El artículo 16.3 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales , dentro del artículo destinado a regular la evaluación de los riesgos y en relación con la
investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por la empresa, nos dice que "cuando
se haya producido un daño para la salud de los trabajadores ...el empresario llevará a cabo una investigación
al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos". La conexión entre evaluación e investigación de
accidentes se desarrolla lógicamente en el artículo 6 del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real
Decreto 39/1997), el cual nos dice que "en todo caso se deberá revisar la evaluación correspondiente a
aquellos puestos de trabajo afectados cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores...",
y para ello se tendrán en cuenta los resultados de "la investigación sobre las causas de los daños para la
salud que se hayan producido".
e) Por consiguiente la investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (entendida
como investigación de los daños para la salud, esto es, de las enfermedades, patologías o lesiones sufridas
con motivo u ocasión del trabajo, según las define el artículo 4.3º de la Ley), no es una actividad autónoma, sino
una parte del proceso de evaluación de los riesgos laborales, en cuanto elemento eventualmente determinante
de la revisión de la evaluación inicial. El acceso a los resultados de dicha investigación forma parte del derecho
de información sobre la evaluación de riesgos y está comprendido dentro del artículo 23 de la Ley 31/1995 ,
de manera que la autoridad laboral tiene derecho a acceder a tales investigaciones y, por consiguiente (en
cuanto la regulación del artículo 36.2.b es una mera remisión al artículo 23), también tienen derecho a ello
los delegados de prevención.
f) Por otra parte, el que la Autoridad Laboral ha de tener acceso a los resultados de la investigación
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por la empresa (y por tanto también los delegados
de prevención, de manera refleja) se manifiesta claramente en que la realización de dicha investigación es
una obligación de la empresa que se sitúa bajo su campo de vigilancia, dado que el artículo 12.3 de la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social tipifica como infracción administrativa grave de las empresas "no
llevar a cabo una investigación en caso de producirse daños a la salud de los trabajadores". Y ha de recordarse
que, de conformidad con el artículo 36.1.d de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales , una de las misiones
de los delegados de prevención es la de "ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento
de la normativa de prevención de riesgos laborales", a cuyos efectos tienen derecho a "acompañar a los
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo
para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales" ( artículo 36.2.a de la
Ley de Prevención ) y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social debe informar a los delegados de prevención
sobre los resultados de las visitas a que hace referencia el apartado anterior y sobre las medidas adoptadas
como consecuencia de las mismas ( artículo 40.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ). Todo este
esquema legal dejaría de tener sentido, en relación con la infracción por falta de realización por la empresa
de las investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, si se privara a inspectores y
delegados de prevención del acceso a la documentación y a los resultados de tales investigaciones.
7
En definitiva el derecho reclamado nace del artículo 36.2.b de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y no del 36.2.c, que es el citado por la parte actora, pero dicha errónea identificación del precepto
no impide su aplicación, como pretende la Abogacía del Estado, puesto que la causa de pedir al respecto
está perfectamente definida y lo exigible a las demandas de conflicto colectivo es meramente una "referencia
sucinta a los fundamentos jurídicos de la pretensión formulada" (artículo 157.1.c de la Ley de la Jurisdicción
Social), rigiendo por lo demás el principio "iura novit curia".
En cuanto a la oposición manifestada por la Abogacía del Estado a dicho acceso a los resultados de
la investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por los delegados de prevención, por
cuanto pudiera afectar a la intimidad del trabajador que sufre los daños, ya hemos visto cómo el propio artículo
excepciona los datos relativos a la salud del artículo 22 y en los términos regulados en dicho precepto y los
concordantes que cita. En general pueden existir varias limitaciones a los derechos de información de los
delegados de prevención, las cuales no cabe concretar en este proceso por no haber sido objeto del mismo,
de manera que lo que se resuelve aquí se hace sin perjuicio de tales limitaciones y de las obligaciones de
reserva y confidencialidad que incumben a los delegados de prevención, aspectos todos ellos que son los que
se abordan en el Criterio Técnico 43/2005 de la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, cuya lectura en este sentido es recomendable, independientemente de que no tenga valor normativo
y de que eventualmente pueda discreparse sobre las conclusiones jurídicas del mismo.
La única limitación concreta alegada por la Abogacía del Estado es la existencia de datos personales
en los informes de investigación de accidentes, lo que efectivamente se producirá en la medida en que no
se haya llevado a cabo un procedimiento de disociación ( artículo 3.f de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal ), que obviamente será muy difícil en estos
casos, al menos de forma completa, puesto que la investigación ha de versar sobre un accidente concreto
con datos identificativos suficientes de lo sucedido y, aún cuando se suprima la identificación de la persona
del accidentado en la copia del informe, en muchas ocasiones esa identificación será perfectamente posible
en el contexto de la empresa o centro de trabajo. En todo caso la consecuencia no sería la ilicitud per se de la
comunicación de datos, sino la necesidad, para que fuese lícita, del consentimiento del afectado y el artículo
11.2.a de la citada Ley Orgánica 15/1999 nos dice que para la comunicación de los datos personales no es
preciso el consentimiento del afectado cuando la cesión esté autorizada en una ley, como ocurre en este caso.
Por consiguiente esta segunda pretensión es estimada.

NOVENO .- No se hace imposición de costas por no apreciarse temeridad en ninguno de los litigantes.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

En el procedimiento 226/2014, seguido por demanda del Sindicato Federal de Correos y Telégrafos de la
Confederación General del Trabajo (CGT), contra la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. y contra la
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Fraternidad Muprespa,
así como, en cuanto legitimados, CC.OO., UGT., Sindicato Libre de Correos y CSI-CSIF, sobre conflicto
colectivo. Desestimamos las excepciones opuestas por la Abogacía del Estado de falta de legitimación activa
del sindicato actor y de falta de legitimación pasiva de la sociedad estatal Correos y Telégrafos S.A. respecto de
la primera pretensión (calificación de la contingencia). Y, en relación con el fondo de la misma, desestimamos
esa primera pretensión. En relación con la segunda pretensión, estimamos la excepción de falta de legitimación
pasiva de la Mutua demandada y, entrando en el fondo de la pretensión, estimamos la misma y declaramos
que los delegados de prevención tienen derecho a acceder a los informes y documentos resultantes de la
investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales realizada por la empresa.
Notifíquese la presente sentencia a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso de
Casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que podrá prepararse ante esta Sala de lo Social de
la Audiencia Nacional en el plazo de CINCO DÍAS hábiles desde la notificación, pudiendo hacerlo mediante
manifestación de la parte o de su Letrado al serle notificada, o mediante escrito presentado en esta Sala dentro
del plazo arriba señalado.
Al tiempo de preparar ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el Recurso de Casación, el
recurrente, si no goza del beneficio de Justicia gratuita, deberá acreditar haber hecho el depósito de 600
euros previsto en el art, 229.1.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , y, en el caso de haber sido
condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, haber consignado la cantidad objeto de condena de
conformidad con el art, 230 del mismo texto legal , todo ello en la cuenta corriente que la Sala tiene abierta
8
en el Banco de Santander Sucursal de la Calle Barquillo 49, si es por transferencia con el nº 0049 3569 92
0005001274 haciendo constar en las observaciones el nº 2419 0000 00 0226 14; si es en efectivo en la cuenta
nº 2419 0000 00 0226 14, pudiéndose sustituir la consignación en metálico por el aseguramiento mediante
aval bancario, en el que conste la responsabilidad solidaria del avalista.
Se advierte, igualmente, a las partes que preparen Recurso de Casación contra esta resolución judicial,
que, según lo previsto en la Ley 10/2014, de 20 de noviembre, modificada por el RDL 3/13 de 22 de febrero, por
la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses, con el escrito de interposición del recurso de casación habrán de presentar
justificante de pago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional a que se refiere dicha norma legal,
siempre que no concurra alguna de las causas de exención por razones objetivas o subjetivas a que se refiere
la citada norma, tasa que se satisfará mediante autoliquidación según las reglas establecidas por el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas en la Orden HAP/2662/2012,de 13 de diciembre.
Llévese testimonio de esta sentencia a los autos originales e incorpórese la misma al libro de sentencias.
Así por nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos


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