Comisión Europea: las tres acciones prioritarias en materia de seguridad y salud en el trabajo

El pasado 10 de enero fue presentada la Comunicación de la Comisión Europea que establece el plan de acción para modernizar la legislación y la política en materia de seguridad y salud en el trabajo de los próximos años, basada en los resultados de la evaluación de la implementación de 24 directivas europeas en materia de seguridad y salud en el trabajo, en el marco de la iniciativa REFIT de simplificación normativa de la UE.

Hace más de 25 años que se aprobó la Directiva Marco sobre seguridad y salud en el trabajo, que, junto con las directivas específicas sobre seguridad y salud en el trabajo desarrolladas en estos años, ha configurado el acervo legislativo comunitario en esta materia, posibilitando el establecimiento de los estándares mínimos de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los Estados miembros.

A partir del desarrollo normativo en seguridad y salud en el trabajo, se ha disminuido considerablemente la incidencia de accidentes de trabajo así como los problemas de salud causados o empeorados por el trabajo. Sin embargo, el conjunto de los daños a la salud causados por el trabajo sigue siendo elevado, y ello supone un desafío frente al que se dirigen las actuaciones del plan de acción presentado, que permite salvaguardar los elevados estándares europeos y actualizar las disposiciones que se han quedado obsoletas.

La Comisión define tres acciones prioritarias en materia de seguridad y salud en el trabajo para los próximos años basadas en la evaluación ex post, que si bien concluye que la estructura global de la legislación en seguridad y salud en el trabajo es eficaz, existen partes de la legislación obsoletas y señala la necesidad de encontrar maneras efectivas con las que afrontar los nuevos riesgos:
Reforzar la lucha contra los cánceres profesionales mediante propuestas legislativas, acompañadas de una mayor orientación y sensibilización.

Ayudar a las empresas, especialmente a las pymes y a las microempresas, a cumplir el marco legislativo de salud y seguridad en el trabajo.

Cooperar con los Estados miembros y los interlocutores sociales para eliminar o actualizar las normas obsoletas y para reorientar los esfuerzos hacia una protección mejor y más amplia, el cumplimiento y la aplicación sobre el terreno.