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josepmarti
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el Mar 29 Abr 2014, 20:25
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El Gobierno ha extendido desde el 1 de abril el protocolo contra las agresiones en la Administración creando una póliza de seguros colectiva para atender las agresiones en las oficinas de empleo por denegar la prestación y ha puesto en marcha un teléfono especial para denunciar las crecientes agresiones sufridas por los trabajadores públicos ante el aumento del paro.
La puesta en marcha de este protocolo "hace frente a las situaciones conflictivas que afrontan a diario las personas que trabajan de cara al público y que por tanto atienden a personas en muchos casos, en situación desesperada por estar en paro y en ocasiones, carecer de derecho a prestaciones o subsidios", señala la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F).
El seguro garantiza los gastos judiciales de la denuncia y la defensa penal y daños y perjuicios, y da cobertura a años corporales, daños inmateriales de agresión verbal (insulto, amenaza, intimidación o coacción), daños al vehículo del trabajador público y perjuicios derivados de los anteriores. En todos los casos, la agresión tiene que tener una relación directa con el ejercicio profesional amparado por la póliza.
"CSI-F ha obtenido el compromiso de la Administración para poner en marcha un protocolo de actuación para hacer frente a estos casos en el conjunto de las administraciones públicas, dado que desde el comienzo de la crisis este tipo de situaciones conflictivas ha ido en aumento", señala el sindicato en una nota de prensa.
Esta póliza se pondrá en marcha en una primera fase en las oficinas de empleo y "dará asistencia letrada específica garantizando los gastos judiciales y las reclamaciones de daños y perjuicios ante daños corporales, insultos, amenazas, intimidaciones o coacción, daños materiales al vehículo de su propiedad o perjuicios patrimoniales".
En caso de agresión física, Empleo ha habilitado el número de teléfono 902 42 56 27, que facilitará comunicación con un abogado para que les informe de sus derechos ante una eventual agresión. La denegación de solicitudes, principal motivo de agresión Un informe elaborado por la Administración señala como principales causas de incidentes la denegación de solicitudes de prestaciones o subsidios, desacuerdos con la información recibida por el empleado público, petición de documentación, solicitud de certificados o carecer de cita previa o presentarse fuera de hora.
El año pasado se reportaron 124 casos de agresión, en su mayor parte, verbales (ver informe adjunto), aunque según CSI-F las comunicaciones no reflejan la realidad, ya que "sólo en el último año se han llevado a cabo más de 13 millones de gestiones cara al público y se producen llamadas a la policía prácticamente a diario".
De los 124 casos registrados de violencia en el puesto de trabajo tan sólo se denunciaron un 23,58%. En un 37,40% de los casos, se resolvió el problema sin que tuviera que intervenir ni las Fuerzas del Orden Público ni la empresa de seguridad contratada en la oficina de empleo. En el 15,45% de los casos reportados intervino la policía, en un 15,45% intervino la Empresa de Seguridad y en el 31,70%, ambos, señala el informe.
De los juicios celebrados hasta la realización del informe, en dos de ellos se dictó sentencia favorable al trabajador y otras, el demandado fue absuelto. "El problema es que la inmensa mayoría de los trabajadores no lo denuncia por miedo o por creer que una denuncia no servirá para nada", explica el CSI-F.
Por eso algunos empleados agredidos -más mujeres que hombres, ya que son mayoría en la plantilla -sufren "ansiedad, nerviosismo, angustia, tensión arterial, temor o miedo a represalias, indefensión, menosprecio por el trabajo que realizan a diario o desprotección por no existir vigilantes de seguridad en sus oficinas". El descrédito profesional, detrás de los ataques El informe, que se ha hecho hoy público con motivo del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, se hace eco de nuevas situaciones que hasta ahora no se habían dado, tales como la grabación con el móvil a los trabajadores y la amenaza de difusión en las redes sociales, que muchas veces se cumple.
Para CSI-F, estos ataques tienen su explicación en que "desde el comienzo de la crisis, los empleados públicos han sido objeto de una campaña de desprestigio en la que se nos ha responsabilizado directamente de las causas de recesión, poniéndose en cuestión nuestra labor, el volumen de las plantillas e incluso nuestra función social

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