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jacobus
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el Vie 02 Mayo 2014, 09:56
El Ministerio de Justicia ha defendido la concesión del indulto parcial al empresario canario Miguel Angel Ramírez, presidente del Grupo Rolans, de Seguridad Integral Canaria y de la Unión Deportiva Las Palmas, pero ha declinado comentar las donaciones que hizo al PP y los contratos públicos que tiene firmados con la Administración, alegando que desconoce las empresas en las que participa.

El portavoz de Izquierda Plural, José Luis Centella, había preguntado al Gobierno por el caso de Ramírez, condenado en 2010 a tres años y un día de prisión por las obras realizadas sin autorización en el paisaje protegido de Pino Santo, en Gran Canaria, e indultado el pasado octubre por Justicia.

A su juicio, ese indulto no resultó adecuado dada "la gravedad de los hechos y la percepción social existente en Canarias de que la Justicia no se ejerce igual, en cuestiones de protección del territorio, cuando se trata de cualquier ciudadano que cuando se trata de una persona adinerada".

Y es que, según recordaba Centella, el empresario canario fue contribuyente del PP mediante una empresa de la que fue apoderado y tiene contratos firmados con distintas instancias de la Administración, incluyendo órganos de Justicia, a través de su citada empresa de seguridad.

SE DEBILITA LA CREDIBILIDAD DE LA JUSTICIA

"El hecho de que Ramírez haya contribuido a financiar el Partido Popular da una apariencia de parcialidad al indulto de que ha sido objeto" --advertía Centella--. ¿No cree el Gobierno que este indulto debilita la credibilidad de la Justicia a la hora de imponer futuras penas por hechos similares que no sean objeto de indulto por parte del Gobierno?".

En su respuesta, el Gobierno no entra en la cuestión de los tratos del empresario canario con el PP, ni en las adjudicaciones que obtiene de la Administración, pues dice desconocer "las empresas en las que el Sr. Ramírez tiene participación". Justicia hace hincapié en defender la concesión del indulto, subrayando que "el Gobierno debe estudiar cada petición por separado y de manera individualizada", y que "sólo el análisis de las circunstancias en torno a cada condena y cada condenado, hacen posible entender adecuada o no la concesión o la denegación de cada gracia".

En este sentido, el Ejecutivo remarca que, a la hora de evaluar el caso de Ramírez, se tuvo en cuenta "el histórico penal del condenado, el cual no tenía ningún antecedente penal, ni anterior ni posterior, a la causa cuya pena se indulta", así como el hecho de que "en su informe policial carecía de antecedentes".

AUSENCIA DE "PELIGROSIDAD CRIMINAL"

"Advertida la ausencia de peligrosidad criminal del condenado, se procedió a conceder un indulto, de una forma condicionada, siempre y cuando procediera a la demolición de las obras ejecutadas ilegalmente, de acuerdo con el tenor literal de la sentencia dictada en sede judicial", explica.

En todo caso, el Gobierno remarca que "la concesión individualizada de una gracia no significa la revocación de la sentencia", pues "el indulto sólo moldea de manera parcial el cumplimiento de una determinada condena" y, aunque obtenga ese perdón, "el indultado sigue siendo culpable por haberlo declarado así una sentencia firme dictada en sede judicial".


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