El empresario acusado de obligar a sus trabajadores a firmar "documentos en blanco", a juicio.

Según la Fiscalía, el gerente de Alcor Seguridad S. L. usó este método "como mecanismo para doblegar la voluntad" de sus vigilantes.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Monforte de Lemos (Lugo) ha decretado la apertura de juicio oral contra Carlos Somoza, gerente de la empresa de seguridad Alcor, como supuesto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores.

La Fiscalía considera que, de 2011 a 2015, Somoza y otros responsables de la mercantil vulneraron los "derechos mínimos" de sus empleados. Por ello, solicita para él tres años y tres meses de prisión, junto a una multa de diez meses a razón de 12 euros diarios (unos 3.600 euros).

En un auto, fechado el pasado mes de diciembre y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el juez también manda a juicio a María Belén González, Antonio Francisco Soler, Elizabeth Somoza (hija de Carlos Somoza) y Josefa Raquel Álvarez (esposa de éste), considerados por el Ministerio Público "cooperadores necesarios" del delito y para quienes pide penas de cárcel que van desde los dos años y medio hasta los tres.

El Juzgado también ha decretado la apertura de juicio oral contra María Susana Rodríguez —contra quien no se dirigía la Fiscalía, sino la acusación popular—, como administradora de la mercantil Alcor Seguridad S. L. Todos ellos ejercían distintas responsabilidades en la empresa.

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Grano a grano, se levanta la montaña.

Que en los tiempos que estamos todavia salgan empresarios de este calibre dice mucho de lo que todavia nos falta por resolver en materia laboral por culpa de la precariedad que parece hasta interesa

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:
El Ministerio Público atribuye a los acusados una "vulneración de los derechos mínimos irrenunciables" de los trabajadores, que incluiría "imposiciones de largas jornadas laborales sin respeto a los descansos establecidos", abono de las horas extra a un precio menor del estipulado o la "exigencia empresarial de firmar documentos en blanco (...) como mecanismo para doblegar la voluntad de los trabajadores".

Varios extrabajadores de Alcor, cuyos testimonios recoge el escrito de Fiscalía, relataron que fueron obligados a firmar documentos en blanco sin saber qué finalidad iban a tener. Y la fiscal asegura que esta circunstancia habría sido "posteriormente empleada por los acusados (...), quienes proferían [a los empleados] expresiones tales como: 'Recuerda que el finiquito ya está firmado' o 'Si tienes pensado denunciar a la empresa, recuerda que has firmado hojas en blanco'".

Según el Ministerio Público, el gerente de la empresa impuso estas condiciones a algunos de sus trabajadores "abusando de la situación de necesidad en la que los mismos se encontraban".

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El empresario acusado de obligar a sus trabajadores a firmar "documentos en blanco", a juicio.

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