GFS, a cargo de la seguridad de Reganosa o el Hospital de Ourense, castiga a Vigilantes de Seguridad que reclaman sus derechos, denuncia CIG.

Tras semanas de protestas, los empleados de GFS siguen padeciendo en sus puestos de trabajo, a los que acuden sin haber cobrado todavía la nómina de septiembre. Hablamos de los encargados del control de acceso y seguridad de empresas tan pujantes como Reganosa, Forestal Atlántico o, incluso, el Hospital de Ourense (CHUO). En esta situación, desde el sindicato CIG denuncian que GFS Securirty Group, adjudicataria del servicio, acumula “irregularidades en el proceso de subrogación e incumplimientos varios” mientras practica la “represión” contra el personal que reclama el cumplimiento de sus derechos. 

En este tiempo se han sucedido las protestas en distintas localizaciones y las empresas a las que prestan servicio se desentienden por ahora de su situación. Además de la nómina de septiembre, se les adeuda “la liquidación que le tocaba abonar a la empresa saliente, Prosetecnisa”. GFS elude las responsabilidades en este sentido. 

Pero no solo falta el dinero correspondiente al salario de septiembre, sino que desde la CIG puntualizan que “en el primer recibo de nómina confeccionado por GFS, la empresa no está cumpliendo con los derechos adquiridos por el personal”. Denuncian que en el primer mes dejaron de pagar “más de 7.000 euros” y que no entregan los EPI necesarios al personal, mientras destinan 25 euros a cada trabajador “para que compren el calzado de seguridad que estimen oportuno”. 

“Estas nuevas deudas se suman a las ya contraídas por Prosetecnisa, que solo en la provincia de A Coruña ascienden a más de 250.000 euros”, añaden. “No puede ser casualidad que todos estos movimientos hechos por GFS hayan ocurrido después de que la CIG comenzase a denunciar la actitud de la empresa y después de las denuncias presentadas ante la Fiscalía por presunta falsificación documental durante el proceso de cesión de servicios entre compañía”, considera el organismo sindical. 

PROTESTAS Y PRESIONES.
El próximo jueves 17 de noviembre hay convocada una protesta en el Polígono de Piadela, en Betanzos, donde los afectados volverán a reclamar el abono de los salarios que se les adeudan, así como “el cese de la persecución y del cumplimiento de la legalidad” a GFS y Prosetecnisa. 

“A los continuos intentos de fraude cometidos por la empresa entrante, GFS Security Group respeto de las actas de entrega de EPI, la formación, y la presunta falsificación documental en los certificados de normativa ISO entregados a Prosetecnisa en el proceso de cesión de servicios entre ambas compañías, hay que sumarle los ataques contra el personal de las últimas semanas”, lamentan desde el sindicato.

En la misma línea, señala que, lejos de buscar soluciones, en GFS han emitido comunicaciones formales a tres empleados, “uno de ellos miembro del comité de la CIG”, en los que la firma alegaba que tenía que “alejar del servicio de control de accesos a estas tres personas por una supuesta pérdida  de confianza del cliente”, refiriéndose a Reganosa. 

“Desde el 17 de octubre que recibieron el escrito, estos compañeros continúan a la espera de una nueva comunicación de la empresa, donde se esclarezca la situación en la que se encuentran y qué determinación se va a tomar contra ellos”, agrega Xabier Rodríguez, de la CIG-Servicios de Ferrol.

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