Denuncian a dos vigilantes de la zona VIP de Barajas tras la visita de Delcy Rodríguez

El sustituto de Pérez de los Cobos era el jefe de Aduanas de Barajas la noche de la llegada de la número 2 de la narcodictadura venezolana

Redacción AD - 04/06/20

El teniente coronel David Blanes González, nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid en sustitución del cesado Diego Pérez de los Cobos, era el jefe de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas la noche en la que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, aterrizó en suelo europeo para celebrar un encuentro con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Blanes llega a la jefatura de la Comandancia de la Guardia de Civil de Madrid tras la cesión de Diego Pérez de los Cobos por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras conocerse el informe de la Guardia Civil en el que se investigaba la manifestación feminista celebrada en Madrid el pasado 8 de marzo, cinco días antes de que Pedro Sánchez decretase el estado de alarma en todo el territorio por el impacto de la pandemia provocada por el coronavirus.

En las instalaciones del Aeropuerto de Madrid, la Guardia Civil y la Policía Nacional comparten autoridad. La zona de tránsito público está controlada por la Policía Nacional y la zona interior está bajo el control de la Guardia Civil: zona de seguridad, de maletas e incluso el espacio de las pistas.

Unos 600 agentes de la Guardia Civil se encargan de su vigilancia y son ellos también los encargados de controlar lo que entra y sale de cada uno de los aviones para saber qué se introduce o se saca del territorio español.

El titular de Transportes, José Luis Ábalos, desveló el pasado 25 de enero que fue el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el que le dijo que fuera a Barajas a recibir a Delcy Rodíguez y que le dijera que «no bajara del avión» que había aterrizado en territorio español.

Este hecho fue una de las principales grandes polémicas del Gobierno Sánchez-Iglesias en sus primeras semanas de Gobierno. El PP y Vox presentaron a finales de enero varias denuncias en la Fiscalía General del Estado sobre este polémico encuentro con una de las personas de confianza del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, a pesar de que sobre Delcy Rodríguez está impuesta una prohibición de entrada y de tránsito en la Unión Europea.

Fuente, alertadigital.com

elcierredigital.com
José María Fernández.
25/06/2020.

Delcygate: El ministro Ábalos sacrificará a Koldo García, su hombre de confianza, para cerrar el caso ante la Justicia.

El que fuera mano derecha del ministro ocupa ahora un sillón en el Consejo de Renfe y ha colocado a su esposa en el ministerio de Transporte.

El juez del ‘caso Delcygate’, que investiga sobre la visita a España de Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana del régimen de Nicolás Maduro, ha centrado ahora la investigación en el exescolta y persona de confianza del minstro de Transportes José Luis Ábalos, y ahora consejero de Renfe, Koldo García Izaguirre. Las acusaciones creen que Ábalos quiere presentar a García como cabeza de turco para que la investigación se quede ahi.

En un auto notificado a todas las partes personadas, el magistrado Antonio Serrano-Arnal señala como investigado en las diligencias previas de investigación 341/2020 a Koldo García, a pesar de que la querella inicial, presentada por el Partido Laócrata no estaba dirigida hacía esta persona sino a "cualquier funcionario o autoridad que ordenó inaplicar la ley de extranjería" durante la madrugada del 19 al 20 de enero, cuando aterrizó en la Terminal 1 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas un avión procedente de Caracas (Venezuela) con Delcy Rodríguez a bordo.

El juez ha decidido imputar a Koldo García después de escuchar a un testigo presente durante la escala de la vicepresidenta venezolana en España, que declaró ante notario lo que sucedió aquella madrugada de principios de año.

El vigilante de seguridad privada que hacía guardia aquella noche en la Terminal de Barajas, desveló que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, acompañado de miembros que llegaban de un vuelo de Caracas, entre ellos Delcy Rodríguez, se dirigió a la zonas Vip de la Terminal Ejecutiva en torno a la 01:30 de la madrugada.

Pero este testigo refiere que el ministro tras despedirse de la mandataria venezolana, su escolta, entonces Koldo García, se quedó haciendo compañía a Delcy Rodríguez hasta las 7 de la mañana. Al parecer, García Izaguirre habría intentado que el vuelo partiese de nuevo y que Delcy abandonase Madrid de inmediato, un propósito que chocó con la negativa de la tripulación a volar sin cumplir sus turnos de descanso.

Por este motivo García, acompañado de cuatro policías y dos guardias civiles se quedó en la terminal Ejecutiva acompañando a la vicepresidenta Rodríguez.

Un día antes de que expirara el plazo de un mes para proceder al borrado de las cintas que recogen el encuentro ‘secreto’ entre Delcy Rodríguez y Ábalos, y –por consiguiente– la prueba principal del caso, la juez Susana Trujillano atendió de urgencia la petición del Partido Popular para que se evitara la destrucción de las imágenes. Advirtió a AENA, dependiente de Fomento, de que si no acataba la orden incurriría en un delito de desobediencia a la autoridad judicial.

Además, el instructor al frente del procedimiento, Antonio Serrano-Arnal, solicitó al Ministerio del Interior la normativa de funcionamiento del aeropuerto de Madrid-Barajas en materia de vuelos internacionales, y la identificación de los agentes encargados de dar cumplimiento a esta orden europea.

El juez Serrano-Arnal apunta ahora al consejero de Renfe como responsable de los pasos dados por Delcy Rodríguez en España, a pesar de que no posee ninguna capacitación ni nombramiento para aplicar protocolos o dar órdenes.

Pero, ¿quién es Koldo García Izaguirre, que acompañó al ministro al encuentro con Rodríguez? Nacido en la localidad vizcaína de Barakaldo hace unos 50 años, ha sido desde 2011 uno de los agentes socialistas más activos de Navarra, una tierra donde ha dejado huellas muy diferentes, desde condecoraciones oficiales hasta inmiscuirse en sonadas peleas callejeras. Este exescolta de Nicolás Redondo, un activo sindicalista de la UGT y miembro de la Plataforma Stop Desahucios, además de sanchista a muerte, se ha convertido en estos últimos tiempos en uno de los hombres de mayor confianza de Ábalos.

Hoy ejerce como su asesor y mano derecha, siempre en un segundo plano, a la sombra del diputado y mandamás socialista. Poco se conoce de sus labores en este cargo, un oficio soterrado que ejerce desde que Ábalos fue elegido como secretario de Organización del PSOE en 2017. Y que abarca desde ser el chófer personal y escolta, hasta convertirse en su asesor personal y ahora consejero de Renfe. También logró colocar a su esposa, Patricia Uriz, como ayudante de secretaria en el ministerio de Transporte.

...

El actual ministro de Transportes está de nuevo en la picota tras la reanudación de las investigaciones en El Delcygate. El partido Vox y el PP reclaman explicaciones al también secretario de organización del PSOE por la cambiante intervención suya y de su hombre de confianza, Koldo García Izaguirre, en la crisis generada por la visita de la ministra venezolana Delcy Rodríguez.

niusdiario.es
Daniel Montero.
26/07/2020.

El Gobierno se niega a dar datos sobre el caso Delcy pese a la Ley de Transparencia.

El Ministerio de Transportes ha recibido al menos siete peticiones distintas para aportar datos sobre la noche en la que el avión venezolano aterrizó en Madrid.

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha negado de forma sistemática a aportar dato alguno que tenga relación con el aterrizaje en Barajas el pasado 20 de enero de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, que tiene prohibición de pisar suelo de la Unión Europea. Y lo ha hecho incluso con las siete peticiones que desde hace seis meses se han cursado de forma oficial en virtud de la Ley de Transparencia. Según la documentación consultada por NIUS, el Ejecutivo ha alegado en la mayoría de las ocasiones que los datos solicitados están bajo el paraguas de la Ley de Protección de Datos, son confidenciales, afectan a la Seguridad Nacional, o son considerados, como en el caso más rocambolesco, como una información auxiliar similar a una nota personal. Así y ante este muro burocrático y de silencio, a los peticionarios no les queda otro remedio que acudir a los tribunales.

Según ha podido confirmar este diario, el Ejecutivo, y en especial el Ministerio de Transportes del que depende el Aeropuerto de Barajas, ha recibido al menos siete peticiones distintas para aportar datos sobre la noche en la que el avión venezolano aterrizó en Madrid. Se da la circunstancia además de que el ministro que acudió a entrevistarse personalmente con la vicepresidenta venezolana, José Luis Ábalos, es el titular de la cartera encargada de contestar a estas peticiones. Una respuesta que ha sido siempre negativa.

El 5 de febrero, por poner un ejemplo, el Ministerio de Transportes recibió una petición al amparo de la Ley de Transparencia para que hiciera pública “toda la información posible” sobre la “visita de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez”. El escrito reclamaba “los registros de aterrizaje y despegue de ese avión, un Falcon 900XL de la compañía Sky Valet, los audios de la torre de control con el piloto de la aeronave y las imágenes de las cámaras de seguridad que demuestren en aterrizaje  del vuelo y en particular su llegada a la terminal ejecutiva y el desembarque de los pasajeros. También solicito las imágenes de la entrada y el interior de la sala VIP donde estuvo la señora Delcy Rodríguez”.

Con esto sobre la mesa, la contestación del ministerio controlado por Ábalos fue escueta: el avión aterrizó en Barajas a la 1:26 hora local y se marchó a las 14:42. A partir de ahí, silencio absoluto. ¿Sobre los audios de los pilotos con la torre de control? “Se trata de registros confidenciales en base a la Ley de Seguridad Aérea y al reglamento europeo sobre investigación y prevención de accidentes”. ¿Y sobre las cámaras de seguridad? “Se ha de mencionar que la información solicitada relativa a la totalidad de las grabaciones de las imágenes de las cámaras de seguridad se encuentra a disposición de la autoridad judicial como parte de las Diligencias Previas 341/2020, motivo por el cual se deniega el acceso a la información solicitada. Además, el ministerio de Transportes se escuda en la Ley de Protección de Datos ya que esas imágenes podrían “vulnerar los derechos individuales de las personas afectadas”.  

Comunicaciones con la sala de seguridad.
Dos días antes, el mismo ministerio había recibido otra pregunta similar. En ese caso, el peticionario reclama las comunicaciones “cualesquiera, en soporte documental, dirigidas a la empresa concesionaria de la Seguridad de las instalaciones del Aeropuerto de Barajas, Ilunion, durante el presente 2020”. La petición se centraba además en si alguno de esos informes hacía mención a las órdenes para un trabajador concreto, el vigilante de seguridad que esa noche estaba al frente de la sala VIP donde se alojó Delcy Rodríguez a la espera de cambiar de vuelo.

En este caso, la cartera de Ábalos se escuda en un parámetro aledaño de la Ley de Transparencia, el artículo 18.b. El apartado legal deja fuera de la normativa pro acceso la “información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, informes internos o entre órganos y entidades administrativas”. Así que las comunicaciones entre Aena e Ilunion, la empresa de seguridad de la sala VIP, tampoco. Y van cuatro peticiones denegadas. “En cuanto a los comunicados públicos de AENA, puede consultar todas las notas de prensa de la compañía en la siguiente dirección…”  

El documento no acaba ahí. “En cuanto a cualquier informe de seguridad que pudiera haber sido emitido por la empresa de seguridad, ha de mencionarse que podría contener información sobre las instalaciones aeroportuarias, vías de acceso, localización de cámaras ec. Esta información es sensible para la seguridad de la infraestructura y no puede hacerse pública”. Así que, ante el riesgo de que los informes “puedan contener” información confidencial, en lugar de revisarlos y publicarlos con esa información oculta, extractada y anonimizada como hacen la mayoría de los países con una Ley de Transparencia realmente desarrollada, el ministerio de Transportes simplemente rechaza la petición ciudadana y obliga a quieres consideren que la Administración no tiene razón a gastar su dinero e ir a los tribunales.

El argumento de las peticiones concretas.
El 4 de febrero Transportes recibe una nueva petición. En este caso el escrito hace una petición concreta y solicita las medidas “adoptadas por el Gobierno de España para evitar la entrada o el tránsito de miembros del Gobierno de Venezuela sancionados por la Unión Europea” además del “motivo por el que el ministro de Transportes acudió en representación del Gobierno de España al encuentro de la vicepresidenta” Delcy Rodríguez.

Según la documentación consultada por este diario, lo primero que hace Transportes es alegar que como el peticionario pregunta por las medidas del “Gobierno”, ya no se considera competente para contestar. Y en el segundo punto, en el “motivo” por el que Ábalos acude de madrugada a Barajas para estar allí cuando llega el avión, los responsables de su cartera explican que, como el escrito no reclama acceder a ningún documento concreto, tampoco contestan. “No puede ser admitido a trámite al no estar solicitando información pública, sino que se limita a preguntar sobre un hecho concreto, lo que requeriría la elaboración de un documento ad hoc para dar respuesta a esta solicitud”. Es decir: que la Administración se niega a hacer un documento específico para contestar... pero hace un documento específico para decir que no contesta.

Ole Ole y olé , esto es transparencia y lo demás tonterías .
Estos son los que iban a dar sopas con honda a los demás partidos en cuanto a democracia , pulcritud y transparencia , estarán esperando a otra legislatura para empezar .
Ahora para desollar al Vigilante de Seguridad , bien que corrieron : gobierno , policía , guardia civil , AENA y Ilunión .

diario16.com
José Antequera.
27/10/2020.

La Fiscalía pide el archivo del ‘Delcygate’, otro inmenso montaje de las derechas españolas.

El Ministerio Público no ve “indicios de delito” en la reunión que el ministro Ábalos mantuvo con la número 1 de Nicolás Maduro en el aeropuerto de Barajas.

El caso Delcygate va camino de quedar en nada. Un nuevo montaje de las derechas que se va al garete, una nueva teoría de la conspiración “trumpista” que está a punto de ser reducida a papel mojado. Por refrescar de qué va el tedioso asunto (y sin ánimo de aburrir al ocupado lector) recuérdese que los hechos se remontan a la noche del 19 al 20 de enero de 2020, cuando el avión de la vicepresidenta de Venezuela y mano derecha de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, hizo una breve escala en Barajas antes de proseguir su ruta hacia Turquía. Al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se le ocurrió salir a recibir a su homóloga bolivariana para informarla de que no podía entrar en territorio español debido a la sanción de la UE contra Venezuela por graves violaciones de los derechos humanos. Y las derechas vieron el monte abierto para iniciar una nueva y ciega caza de brujas.

El caso llenó portadas en los periódicos de la Brunete mediática y dio paso a horas de comparecencias y sesiones parlamentarias tan insufribles como inútiles, ya que desde el principio se vio que el expediente no daba para más por mucho que Pablo Casado se empeñaba en estirar el culebrón venezolano. Ábalos siempre dejó claro que su entrevista con Rodríguez obedecía a una mínima relación de cortesía diplomática entre dos países amigos y nada tenía que ver con una conspiración revolucionaria para implantar el chavismo bolivariano en España. Sin embargo, PP, Vox y Ciudadanos abrieron la veda contra Moncloa para acabar con el ministro a cualquier precio y de paso pedir la dimisión de Pedro Sánchez por encubrimiento. Todavía hoy Santiago Abascal, líder voxista, se esfuerza en mantener que hubo intenciones oscuras y delictivas en aquella reunión en el aeropuerto madrileño. La pasada semana, sin ir más lejos, el jefe ultraderechista aprovechó para insinuar que el Gobierno Sánchez apoya a las narcodictaduras latinoamericanas al insinuar, durante el debate de moción de censura, que “esos criminales sólo mandan maletas para corromper a políticos y no para financiar la deuda”, en alusión directa a la polémica escala de Delcy Rodríguez en Barajas.

Nueve meses después nadie se acuerda de aquello, el asunto está más que amortizado y ni siquiera Inda escribe de ello porque ya no vende periódicos. La polvareda mediática va camino de diluirse como un azucarillo después de que la Fiscalía del Supremo haya pedido que se inadmitan las querellas contra Ábalos. En su informe, el Ministerio Público interesa el archivo de la causa porque no existen “indicios suficientes” de que los hechos sean constitutivos de un delito de prevaricación ni de la participación del ministro de Transportes. Nada de lo que decían las derechas ha sido probado, como no podía ser de otra manera en una historia tan delirante.

Para la Fiscalía, las acusaciones estaban basadas “exclusivamente” en artículos de prensa y en la declaración notarial de un trabajador del aeropuerto que “ni siquiera especifica su puesto de trabajo”. Se trata del vigilante de seguridad privada que supuestamente presenció la reunión y que asegura que Rodríguez “pisó suelo Schengen”, introduciendo “dos carros de maletas en España”. Además, el fiscal reprocha a los querellantes que no hayan precisado “mínimamente” la presunta participación de Ábalos en los hechos imputados. “Al margen de sus opiniones y sospechas, no concretan cuál es la resolución injusta y arbitraria dictada por el querellado, ni cuáles son los indicios de participación del querellado en la decisión que cuestionan, desconociéndose incluso quién la tomó, ni mucho menos las razones de la misma”, afea el Ministerio Público a los abogados de PP y Vox.

Es evidente, porque así lo dice la Fiscalía, que Ábalos no cometió ninguna resolución “injusta y arbitraria” de la que pueda deducirse un delito de prevaricación. “De las querellas no se evidencia ni el dictado de una resolución administrativa, ni mucho menos su injusticia y arbitrariedad”, afirma el fiscal sin perjuicio del resultado de las investigaciones que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid.

Todo lo cual nos lleva a dos conclusiones principales: por un lado que los abogados de las derechas españolas ni siquiera se preparan mínimamente las querellas cuando recurren a la Justicia con sus novelas negras propias de la factoría Netflix. Si lo hicieran, a buen seguro se evitarían ridículos judiciales espantosos como el que nos ocupa y otros anteriores, véase esa infame causa general contra el feminismo y la manifestación del 8M, a la que PP y Vox señalaron en su día como gran supercontagiadora de la pandemia de coronavirus en España. Y en segundo lugar, y lo que es todavía más importante, la decisión de la Fiscalía viene a confirmar que el Delcygate no ha sido sino un inmenso bulo, una mala película de espías burdamente rodada y distribuida por los productores Casado y Abascal −los hermanos Warner de la ficción en que se ha convertido la política española−, con la intención de erosionar al Gobierno de coalición. Un montaje de vodevil en el que ni siquiera ellos creían, como confirman las fianzas de 40.000 euros para el PP, 20.000 para Vox y 5.000 para Laócratas solicitadas por el juez para formalizar las acusaciones particulares en el sumario. El partido de Santiago Abascal ha consignado la suya, por lo que ya es parte en el procedimiento, pero los otros dos querellantes han recurrido las suyas ante la Audiencia Provincial por considerarlas excesivas. Cómico y esperpéntico, como todo lo que rodeó el caso Delcygate. Un asunto que dio para un par de titulares en su día y poco más y que es el ejemplo paradigmático perfecto de la “política tóxica” con la que las derechas hacen perder el tiempo a los españoles.

diario16.com escribió:Para la Fiscalía, las acusaciones estaban basadas “exclusivamente” en artículos de prensa y en la declaración notarial de un trabajador del aeropuerto que “ni siquiera especifica su puesto de trabajo”

Y alguien en su más absoluta ignorancia se preguntará,
pero esto es cierto o no.

El juez autoriza destruir las grabaciones de seguridad del 'Delcygate'

El titular del Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid ha decretado "el cese de la conservación de las grabaciones" del denominado 'Delcygate', relativas a la reunión entre el entonces ministro de Transporte José Luis Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez que habría tenido lugar en el aeropuerto de Barajas en enero de 2020 y que habría quedado registrada en el sistema de vigilancia.

En un auto de 20 de abril, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Antonio Serrano-Arnal ha pedido a la Policía que informe a Aena y "al encargado de la efectiva conservación de las grabaciones" de que ya no es necesario seguir custodiando las cintas.

El magistrado ha explicado que, "siendo firme el auto de sobreseimiento provisional de 9 de noviembre de 2020 dictado por este Juzgado y no existiendo motivos para su reapertura pese al tiempo transcurrido", lo pertinente es dejar de preservar las grabaciones, "a las que se dará el destino legal que corresponda". Contra esta resolución cabe recurso de reforma.

La decisión tiene lugar dos años y tres meses después de que trascendiera aquel encuentro en Barajas y casi un año después de que el Tribunal Supremo resolviera que correspondía al Juzgado y no al Alto Tribunal decidir si las cintas eran o no destruidas.

El juez Serrano-Arnal preguntó sobre este asunto particular al Supremo toda vez que este órgano también archivó una querella interpuesta por Vox contra Ábalos por los mismos hechos. El presidente de la Sala de lo Penal, el magistrado Manuel Marchena, le respondió el destino de esas piezas de convicción debía de ajustarse a lo prevenido en el artículo 635 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) e insistió en que era de incumbencia "exclusiva" del Juzgado.

Ahora, el titular del Juzgado ha dado el visto bueno para prescindir de las grabaciones de seguridad. Así, ha pasado más de un año desde que el 13 de abril de 2021 la Audiencia Provincial de Madrid cerrara definitivamente la parte del denominado 'Delcygate' que se investigaba en los juzgados ordinarios por un presunto delito de prevaricación contra varios funcionarios.

En coincidencia con los argumentos expuestos en su día por el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, la Audiencia concluyó que no se daba "conducta prevaricadora ni de otro carácter delictivo" en los hechos averiguados.

La Audiencia recogía los argumentos del Alto Tribunal, que consideró acreditado el hecho de que el avión en el que viajaba Rodríguez aterrizó en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en la madrugada del día 20 de enero de 2020 y ella permaneció las instalaciones durante varias horas, "lo que pudo suponer una vulneración de la prohibición del Consejo" de permitir su entrada en el territorio de la Unión.

No obstante, añadía que este asunto "no es constitutivo de ilícito penal alguno y por ello "no se da conducta prevaricadora ni de otro carácter delictivo, como expone el Tribunal Supremo en la resolución parcialmente reproducida, por lo que procedería desestimar el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia procede el archivo acordado".

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Saludos.


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